Diputados aprueban reforma para disolver siete órganos autónomos
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución para eliminar siete órganos autónomos. La votación final contó con 347 votos a favor, 128 en contra y sin abstenciones.
El dictamen plantea la extinción de los siguientes órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, suspendió la sesión y convocó a continuar la discusión el próximo jueves 21 de noviembre a las 9:00 horas.
Detalles clave de la reforma
El dictamen destaca que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia responsable de las telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el acceso a tecnologías de la información y servicios de internet de banda ancha, además de asumir la regulación y protección de la información personal.
Se establece también que la nueva estructura permitirá un control más eficiente en la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales y la coordinación de esfuerzos en materia de información estadística. El Gobierno Federal obtendrá mayores facultades para regular los sectores energético y de hidrocarburos, y las competencias del IFT serán asumidas por la nueva dependencia encargada de telecomunicaciones.
Por otro lado, los organismos que quedarán bajo el control del Ejecutivo deberán reestructurar sus procesos para garantizar la eficiencia y evitar duplicidad de funciones.
Transición y ajustes administrativos
Con la implementación de esta reforma, se determinará un periodo de 90 días para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales adapten las legislaciones correspondientes a los nuevos lineamientos. Los recursos generados por la eliminación de los órganos autónomos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, y los bienes materiales de las entidades extintas serán asignados a las dependencias que asumirán sus funciones.
Derechos laborales de los servidores públicos
La reforma establece que los servidores públicos de los órganos autónomos disueltos que continúen en su puesto al momento de la entrada en vigor de la reforma, concluirán su mandato de acuerdo con lo dispuesto por la nueva legislación. En cuanto a los derechos laborales, se garantizará que los empleados afectados sean reubicados en las dependencias pertinentes.
Contexto y discusión
El dictamen es el resultado de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, así como varias propuestas legislativas presentadas por diputados de diferentes partidos. La reforma busca una reorganización de la administración pública, promoviendo la austeridad y la eficiencia gubernamental.
La diputada Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, defendió la centralización de ciertas competencias bajo el control del Ejecutivo, mientras que la oposición expresó su preocupación por la falta de consulta a la sociedad y a los legisladores de la LXVI Legislatura.
Rechazo a la moción suspensiva
La moción suspensiva presentada por la diputada Anayeli Muñoz Moreno (Movimiento Ciudadano), quien pedía la revisión más profunda de la reforma, fue rechazada. Muñoz argumentó que la desaparición de estos órganos autónomos podría afectar la democracia y la protección de los derechos humanos, al no haberse consultado adecuadamente con los actores relevantes.
