Avanza en comisiones del Senado la reforma de seguridad pública con respaldo unánime
En el Senado, la reforma al artículo 21 constitucional, que otorga facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue aprobada de manera unánime en comisiones, avanzando así en el proceso legislativo.
La oposición anunció su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo, aclarando que no se trata de “un cheque en blanco”. Los legisladores opositores también cuestionaron las cifras del gobierno sobre la reducción de homicidios y señalaron la persistente violencia en algunos estados del país.
Por su parte, Morena y sus aliados respaldaron la estrategia de seguridad implementada en el actual sexenio y en el anterior. La senadora morenista Beatriz Mojica destacó que la prioridad es atender las causas de la violencia, afirmando que “recibimos un país en llamas, un país que le apostó todo a la violencia, que le apostó todo a hacer enfrentamientos directos sin atender las causas”.
El senador panista Ricardo Anaya justificó su voto a favor señalando dos aspectos clave de la reforma: “pone el acento en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos; y, segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil”. También resaltó que la investigación debe centrarse en desmantelar a las organizaciones criminales y no solo en “descabezarlas”, ya que esto último, señaló, puede empeorar la situación.
Anaya enfatizó la importancia de otorgar mayores facultades de investigación a los mandos civiles, siempre que existan salvaguardas democráticas para evitar el uso de estas herramientas con fines de espionaje contra opositores y periodistas. “Esta mala práctica no distingue colores”, subrayó.
La reforma también contempla que los fondos federales destinados a seguridad pública en los estados sean auditados y supervisados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Finalmente, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, expresó su preocupación de que los recursos destinados a los estados se condicionen mediante la facultad de fiscalización propuesta. Sugirió que la Auditoría Superior de la Federación debería encargarse de esta tarea para prevenir un uso político de dichos fondos.
