Comisiones del Congreso de la CDMX aprueban despenalización total del aborto
Con 15 votos a favor y 6 en contra, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen que despenaliza completamente el aborto en la capital del país. El dictamen incluye la derogación de los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal, que criminalizaban el aborto después de las 12 semanas de gestación, y elimina la tipificación del aborto como delito en el artículo 76.
Este fin de semana, el proyecto de dictamen comenzó a circular entre los legisladores locales, planteando la eliminación del delito de aborto en cualquier etapa de la gestación, con el objetivo de evitar la criminalización de mujeres que decidan interrumpir su embarazo. En la actualidad, el aborto en la Ciudad de México es legal hasta las 12 semanas de gestación.
El dictamen propone además la eliminación del artículo 130 del Código Penal, argumentando que su conservación “representa un riesgo para la práctica de la interrupción legal del embarazo, debido a que dificulta la atención de emergencias obstétricas por temor a sufrir consecuencias legales, en detrimento de la salud integral de las mujeres”. Según el documento, “el delito de aborto es una cuestión irracional y contraria a la teoría de los derechos fundamentales que está construyendo la Ciudad de México”.
De acuerdo con la reforma, únicamente se impondrían penas de cinco a ocho años de prisión a quienes realicen abortos forzados, dolosos y sin el consentimiento de la mujer; en caso de violencia física o moral, las sanciones se incrementarán a un rango de ocho a diez años.
El proyecto también recoge el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, quienes consideran que eliminar el delito de aborto es un avance en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como en derechos fundamentales como la salud, la vida y la información. En contraste, la organización CitizenGo presentó 9,300 firmas en contra, argumentando que con esta reforma “se pretende legalizar el asesinato de los más indefensos de nuestra nación”.
En la votación, los votos en contra provinieron de los diputados del PAN Olivia Garza, Lizzet Bernal, Enrique Sánchez Flores y Diego Garrido, además de las legisladoras del PVEM Yolanda García y Paula Pérez, quienes expresaron su oposición a título personal.
Este dictamen se basa en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que defiende el derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre su propio cuerpo y la libertad de elegir su plan de vida. En este sentido, el documento sostiene que el Estado debe remover todos los obstáculos que limiten estos derechos y atender el derecho a la salud, con el fin de evitar que las mujeres sean forzadas a continuar con embarazos que puedan poner en riesgo su bienestar integral.
