Grupo México firma convenio para entregar vías de Tren del Istmo; revisará Río Sonora
La Secretaria de Gobernación anunció que la próxima mesa de diálogo que sostenga el Gobierno federal con Grupo México será para tratar el tema de la contaminación del Río Sonora.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este lunes que Grupo México, el consorcio propiedad de Germán Larrea, firmó un convenio “más específico” para que la empresa entregue las vías del Tren Transístmico, a fin de que la Secretaría de Marina (Semar) se encargue de la posesión completa.
Alcalde Luján detalló que el convenio se firmó el pasado viernes 10 de noviembre en las oficinas de la Segob, con la presencia de representantes de Grupo México; Jorge Nuño Lara, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar.
“Firmamos el día viernes [10 de noviembre], un convenio mucho más específico, que tiene que ver con la entrega física de las vías del Tren del Istmo de Tehuantepec. Eso para poder concluir y que la Secretaría de Marina tenga ya la posesión de toda la vía”, dijo.
La Secretaria señaló que ajustaron el acuerdo que habían firmado ambas partes meses atrás, donde se estableció que el Gobierno federal ocuparía un tramo ferroviario de 120 kilómetros del Tren Transístmico.
“Habíamos planteado que la primera temática tenía que ver con puntos pendientes de aquel convenio que se había firmado hace ya algunos meses y que era necesario darle seguimiento”, agregó desde Ciudad Obregón, Sonora.
Asimismo, apuntó que el consorcio de Larrea ya realizó un pago del adeudo al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y que se avanzó en otros litigios pendientes.
Adelantó que en la siguiente mesa de negociación se tocará el tema ambiental por la contaminación ocasionada por un derrame de una de las filiales de Grupo México en el Río Sonora, que desató la polémica entre la empresa y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien demandó que incumplió su responsabilidad en la remediación de los alarmantes niveles de contaminación del río.
“Quedamos con ellos para poder instalar la siguiente mesa, que tiene que ver precisamente con el tema ambiental, en específico dos temas: es el tema del Río Sonora y la entrega de los diagnósticos que se han hecho por parte de las autoridades de [la Secretaría de] Medio Ambiente, Semarnat, y otras más que han hecho todo un diagnóstico no solamente de la calidad del agua, sino también de la calidad del suelo del aire. Eso será el jueves de este semana; se instalará la mesa que tiene que ver con eso”, anunció.
“Y también con el tema del agua en Cananea. Uno de los elementos que forma parte del plan de justicia para Cananea tiene que ver precisamente garantizar el acceso al agua y en ese sentido son varias las temáticas que habremos de tocar con la empresa Grupo México. Entonces este jueves vamos a avanzar en este tema, como en otros también que están pendientes e iremos desahogando en mesas distintas en la Secretaría de Gobernación”, agregó.
SEMARNAT DEMANDA A GERMÁN LARREA
El pasado 12 de octubre, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que la dependencia presentó una denuncia penal contra Grupo México por el presunto incumplimiento de la remediación ambiental por la contaminación ocasionada por un derrame de sus filiales en el Río Sonora.
Albores González detalló que el 17 de agosto pasado la Semarnat hizo una denuncia penal contra Grupo México porque no ha cumplido con la remediacion ambiental, y rechazó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales sea un accidente, sino una “negligencia de construcción”.
“Somos contundentes como Semarnat. Nosotros ya estamos en una acción penal contra Grupo México porque no aceptamos lo que dicen de que ya remediaron. […] El medio ambiente sigue contaminado, hay gente enferma”, aseguró.
La Secretaria explicó que las causas del derrame fueron fallas en la Presa Poniente del sistema de lixiviación que derramaron fluidos tóxicos que se desviaron hacia en Río Sonora, lo que evidenció una negligencia en el diseño hidrológico del sistema.
Asimismo, detalló que la contaminación ocasionada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre persiste en los ocho municipios que abarca el río: Arizpe, Banámichi, Huépec, San Felipe de Jesus, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo.
MINERA DE GERMÁN LARREA NO LIMPIÓ Y TAMPOCO PAGÓ POR EL DESASTRE EN CANANEA: SEMARNAT
Nueve años después de un gigantesco derrame de aguas residuales de una mina de cobre en el estado mexicano de Sonora, algunas comunidades continúan sufriendo “alarmantes” niveles de contaminación en el suelo, el aire y el agua, dijo la Secretaría del Medio Ambiente el 29 de septiembre pasado.
Al sintetizar un informe de 239 páginas, las autoridades también confirmaron, mediante imágenes satelitales, que el derrame no se debió solamente a las fuertes lluvias como se informó inicialmente, sino al “diseño deficiente” de una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad del mayor productor de ese metal en el país, el Grupo México.
Habitantes y activistas ambientales dicen que el informe ofrece el panorama más claro a la fecha sobre la escala catastrófica del accidente y, con él, una nueva esperanza de que al Grupo México finalmente lo obliguen a asumir sus responsabilidades financieras después de casi una década de enfrentamientos judiciales y promesas incumplidas.
El 6 de agosto de 2014, después de unas fuertes lluvias, 40 millones de litros de aguas residuales con sulfato de cobre acidificado se desbordaron desde un depósito de relaves en la mina de Buenavista hasta los ríos Sonora y Bacanuchi, a poco menos de 100 kilómetros de la ciudad de Nogales, Sonora, fronteriza con Estados Unidos.
Tras el derrame, en un principio el Grupo México aceptó aportar mil 200 millones de pesos (unos 68 millones de dólares) a un fideicomiso de reparación, pero en 2017 ese fondo fue cerrado y los recursos restantes regresaron a la compañía minera, según PODER. Después de una batalla en tribunales, el fideicomiso fue reabierto tres años después, pero sin nuevos recursos, dijo Luis Franco, coordinador comunitario en el grupo activista regional PODER.
En otro informe difundido este año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculó el costo total del derrame en 20 mil millones de pesos (mil 100 millones de dólares), cantidad que rebasa en más de 16 veces el fideicomiso original.
Crédito: SINEMBARGO
