SCJN avala extinción de fideicomisos por 68 mil millones de pesos tras decreto de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la extinción de 109 fideicomisos y fondos del Gobierno federal, como parte de un decreto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2020. Los ministros consideraron infundada la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición que buscaban evitar la eliminación de estos instrumentos, que abarcaban desde el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) hasta fideicomisos para la Ciencia y Tecnología, y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).
Motivación del decreto
La medida, promovida principalmente por la bancada de Morena en el Congreso, tenía como objetivo liberar más de 68 mil millones de pesos para enfrentar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Según la SCJN, el proceso legislativo que respaldó la extinción de estos fondos no presentó violaciones que pudieran invalidar la decisión. En su resolución, el Pleno destacó que la eliminación de fideicomisos no afecta derechos fundamentales, sino que modifica la forma en que el Ejecutivo gestiona los recursos públicos.
Decisión de la Corte
Durante la sesión del 17 de marzo, el proyecto presentado por el Ministro Arístides Guerrero García fue aprobado por mayoría. Este fallo desestimó la acción de inconstitucionalidad 303/2020, que había sido interpuesta cinco años atrás por 45 senadores de oposición con el fin de frenar la extinción de los fideicomisos. La Corte puntualizó que la decisión del Congreso se sustentó en una motivación “ordinaria suficiente”, pues los fideicomisos son simplemente mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo.
“La eliminación de fideicomisos y la modificación de fondos no implican, por sí mismas, una afectación a derechos fundamentales, sino un cambio en la forma en que el Ejecutivo administra y ejerce los recursos públicos”, explicó la Corte.
Responsabilidad del Gobierno ante los afectados
A pesar de validar el decreto, los ministros subrayaron que la eliminación de los fideicomisos debe cumplir con los principios de respeto a los derechos humanos y progresividad. En este sentido, la SCJN determinó que el Gobierno federal debe asignar parte de su presupuesto para atender a los sectores afectados por la desaparición de estos fondos.
El Ministro Presidente, Hugo Aguilar, destacó que la Corte reconoce la necesidad de garantizar recursos suficientes para proteger ciertos derechos humanos, mientras que el Ministro Giovanni Figueroa Mejía insistió en la importancia de un control más estricto para asegurar el uso eficiente del presupuesto federal. Además, la Ministra Lenia Batres Guadarrama recordó que en su momento el Gobierno federal llegó a tener más de 300 fideicomisos, concentrando alrededor de 835 mil millones de pesos, muchos de los cuales eran administrados a través de instituciones privadas bajo secreto fiduciario, dificultando su fiscalización.
Irregularidades señaladas
Batres citó algunos ejemplos de la falta de transparencia en el manejo de estos recursos, como los 41 mil 624 millones de pesos transferidos por el Conacyt a empresas entre 2013 y 2018, y las irregularidades por más de 783 millones de pesos en fondos mixtos. También mencionó los casos de sobrecostos en proyectos, como los 4 mil 519 millones destinados a bebederos escolares, con unidades que alcanzaron precios hasta 153 mil pesos por unidad.



