Claudia Sheinbaum presenta el Plan B para reforma electoral, el objetivo: menos privilegios y más participación

Con el objetivo de reducir los privilegios y fomentar una mayor participación ciudadana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan B de la reforma electoral, que incluye propuestas de modificación constitucional y legal. Entre las medidas más destacadas está la limitación de los recursos destinados a los congresos locales y las regidurías, con un máximo de 15 regidores por Cabildo. Además, se plantea un límite a los salarios de los consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, para que ningún funcionario gane más que la presidenta.

Sheinbaum también propuso una reducción del 15 % al presupuesto del Senado y sugirió que la elección del Poder Judicial se lleve a cabo en 2027, en lugar de en años anteriores. Otra de las reformas clave es la reubicación de la consulta de revocación de mandato, que se realizaría el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, en vez de en el cuarto.

Además, se planteó que el cómputo de la elección federal comience con la llegada del primer paquete electoral. En palabras de la presidenta, “Ese es en esencia el plan B”, y añadió que seguirán insistiendo en la reducción del presupuesto del INE y en que no se destinen tantos recursos a los partidos políticos, una propuesta que, recordó, fue rechazada por la oposición y algunos diputados del Verde y del PT.

Una de las medidas más significativas es la transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos. “Estamos poniendo que se transparenten todos los recursos que reciben los partidos, para que ninguno de sus presidentes, secretario general, servidor público pueda ganar más que la Presidenta o se otorgue también bonos, seguros de gastos médicos, etcétera”, afirmó Sheinbaum. También se buscará una fiscalización rigurosa de estos recursos, y se habilitaría a la Unidad de Inteligencia Financiera y al INE para verificar el origen de los fondos.

En relación con los regidores municipales, Sheinbaum subrayó que ya no se deben permitir hasta 25 regidores en ciertos municipios, argumentando que “es un exceso”. La propuesta establece que el número de regidores debería ajustarse al tamaño de la población, variando entre 7 y 15, y que no se pueda asignar dinero público para beneficios personales, más allá de los salarios oficiales.

Asimismo, se limitan los recursos destinados a los congresos locales, con un tope del 0.70 % del presupuesto estatal. “Quien esté por debajo, solo va a poder subir en términos reales y quien esté por arriba tiene que bajar su presupuesto”, explicó la mandataria, quien también mencionó que el Senado verá una disminución de su presupuesto.

Sobre la revocación de mandato, Sheinbaum destacó que esta podría realizarse en 2027 o 2028, dependiendo de los criterios de los presidentes posteriores. También destacó que, según la actual Constitución, la solicitud para la revocación puede presentarse hasta principios del próximo año.

En cuanto a la elección judicial, la presidenta señaló que su propuesta es mantenerla en 2027, “aprovechando esa elección para atender todo de una vez”. También sugirió reducir el número de candidatos en las boletas y que las comisiones que presentan las candidaturas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hagan una mayor revisión de los perfiles.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que la iniciativa presidencial que se enviará al Senado hoy tiene como propósito central “reducir costos y actuar bajo los principios de la austeridad republicana”. La funcionaria recordó que, según esta propuesta, “los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos”, y reiteró que “nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta”. Además, destacó que la iniciativa apunta a generar ahorros que puedan ser invertidos en infraestructura social en los municipios, una de las principales demandas de la ciudadanía.

El Plan B contempla modificaciones a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a cinco de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de ajustar el sistema electoral a los nuevos estándares de austeridad y transparencia propuestos por el gobierno federal.