El Congreso de Yucatán aprobó, por unanimidad, una reforma constitucional que establece sanciones para quienes no cumplan con el pago de la pensión alimentaria. Esta nueva legislación tiene como objetivo garantizar la reparación integral del daño a las personas afectadas, especialmente a las mujeres, niñas y niños que dependen de este derecho fundamental.
Con la reforma, aquellos que no paguen la pensión alimentaria deberán cubrir no solo el monto adeudado, sino también los gastos ocasionados por el proceso para exigir su cumplimiento, como préstamos, honorarios legales y otros costos relacionados.
Los 35 diputados y diputadas, incluyendo miembros de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, Verde Ecologista, PRI, y la independiente Rosana Couoh, dieron su respaldo a esta reforma. Una de las medidas clave es que la acción penal no podrá extinguirse sin antes asegurar la reparación integral del daño, lo que garantiza que los responsables enfrenten las consecuencias legales completas de su incumplimiento.
Wilberth Monforte Marfil, diputado de Morena y promotor de la reforma, destacó que durante años muchas mujeres han tenido que enfrentar largos y costosos procesos legales para exigir una obligación que debería cumplirse de manera inmediata. A su juicio, los gastos adicionales incurridos por estas personas no estaban siendo reconocidos por la ley hasta ahora.
“Hoy discutimos una reforma que fortalece algo muy sencillo de entender, pero muy profundo en sus consecuencias: el derecho de las niñas y los niños a recibir alimentos y el derecho de las madres a que la ley realmente les garantice justicia”, afirmó Monforte Marfil, quien también preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo.
El diputado subrayó que la responsabilidad de proporcionar sustento a los hijos no puede ser evadida, mencionando gastos cotidianos como la renta, los uniformes escolares, los medicamentos y la alimentación. “Es la comida que debe haber en la mesa”, concluyó Monforte Marfil.
