La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) luego de constatar que no se implementaron medidas ni protocolos para proteger la integridad de once migrantes detenidos “injustificadamente” en el aeropuerto de Mexicali. Durante su traslado a Tijuana en un vehículo oficial, ocurrió un accidente en el que dos personas fallecieron y nueve más resultaron lesionadas.
En la Recomendación 5/2026, ya notificada oficialmente al INM, se solicitó al titular de la dependencia reparar el daño a las víctimas, garantizarles atención médica, psicológica y tanatológica según corresponda, y emitir una circular dirigida a su personal para que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento.
El documento también establece la obligación de asegurar que los traslados a estancias migratorias se realicen bajo condiciones seguras, así como de elaborar lineamientos o instrumentos normativos que regulen el transporte y la presentación de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2023, cuando migrantes procedentes de Colombia, Ecuador y Guatemala fueron detenidos sin justificación por personal del INM al llegar al aeropuerto de Mexicali y posteriormente trasladados a Tijuana, Baja California. Durante el trayecto, “la falta de atención e imprudencia de la persona servidora pública que conducía el vehículo oficial donde eran trasladadas provocó un accidente: nueve personas en contexto de movilidad resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad acompañada, y dos personas perdieron la vida”.
La investigación de la CNDH determinó que el INM no implementó protocolos para garantizar la seguridad de los migrantes, ya que el traslado se realizó bajo la custodia de una sola persona servidora pública, en horario nocturno, con un recorrido de 174.2 kilómetros y sin apoyo de ninguna corporación de seguridad, lo que puso en riesgo la vida y la integridad de las víctimas.
Asimismo, se señaló que las autoridades omitieron seguir los procedimientos de verificación establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, lo que constituyó un agravio a los derechos de las víctimas, incluyendo la legalidad, seguridad jurídica, libertad, integridad y seguridad personal, la vida y, en el caso de la menor, “al principio del interés superior de la niñez”. Por ello, la CNDH exige la reparación del daño.
