La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Perú por esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena contra Perú por la muerte de Celia Ramos, una campesina víctima de la política de esterilizaciones forzadas implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Esta política afectó a más de 300 mil mujeres y 24 mil hombres, quienes fueron sometidos a procedimientos sin su consentimiento, mediante engaños y presión.
Marisela Monzón, hija de Ramos, tenía apenas 10 años cuando su madre acudió en 1997 a un modesto puesto de salud en los Andes en busca de atención dental. Según la Corte, Ramos, entonces de 34 años, fue presionada y desinformada por funcionarios de salud que le ligaron las trompas de Falopio sin contar con equipos para emergencias, lo que provocó su muerte tras 19 días de agonía.
“Estamos aquí representando a cada una de esas mujeres, miles, que sufrieron mucho hace tantos años”, expresó Monzón. “El hecho de que tuviéramos que buscar (justicia en) instancias internacionales evidencia la poca ayuda que se ha tenido en nuestro propio país”, añadió.
Su hermana Marcia, de 34 años, relató la pérdida y el impacto que tuvo en su infancia: “Es algo que desde niña se me quitó, algo muy injusto, que ninguna persona, ningún niño, debe pasar”, dijo.
Durante la conferencia, las hermanas estuvieron acompañadas por Isabel Cedano, de la organización feminista Demus, y Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, quienes lideraron la defensa legal. El evento se realizó en una sala cuyas paredes estaban cubiertas con telas rojas y blancas que contenían más de 2 mil nombres de mujeres esterilizadas sin consentimiento. Además, colgaban pañuelos rojos con trompas de Falopio impresas en blanco y la frase: “Por Celia, por todas”.
Investigaciones de la fiscalía de 2021 revelaron que el gobierno de Fujimori apuntaba a esterilizar a mujeres de los sectores más pobres. Entre 1996 y 2000 se organizaron “festivales de salud” en aldeas remotas, con fuegos artificiales y bandas musicales, para atraer a las mujeres y luego, mediante engaños y coerción, realizar las esterilizaciones. El fiscal Pablo Espinoza, encargado de la investigación, relató ante un juez cómo muchas mujeres de zonas rurales se desmayaban mientras intentaban regresar a sus hogares.
Además, los informes indican que los empleados sanitarios eran premiados con viajes por lograr un mayor número de esterilizaciones y, al mismo tiempo, amenazados con despidos si no cumplían las metas establecidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que, bajo el plan de gobierno de Fujimori, se realizaron “más de 314 mil esterilizaciones de mujeres y 24 mil de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido”. Las hijas de Celia Ramos exigieron al gobierno peruano el cumplimiento de la sentencia emitida por la CIDH.
