El Poder Judicial de la Federación (PJF) proyecta un ahorro superior a 533 millones de pesos en 2026 mediante medidas de austeridad y reorganización administrativa que se aplicarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
El acuerdo de disciplina presupuestaria 2026 del PJF fue publicado este viernes por el OAJ en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre las acciones más destacadas se encuentran la reducción del 10 por ciento en las estructuras orgánicas, el control de plazas vacantes y la limitación de salarios para que no superen al del Ejecutivo federal.
El documento instruye también a los órganos del PJF a priorizar compras consolidadas, mantener austeridad en viáticos y aprovechar tecnologías de la información para reducir tanto los gastos operativos como el impacto ambiental.
La meta global de ahorro es de 533 millones 593 mil 786 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 293 millones 18 mil 333 pesos para el OAJ; 185 millones 658 mil pesos para el TDJ; 41 millones 669 mil 947 pesos para la SCJN; y 13 millones 247 mil 506 pesos para el TEPJF.
En materia de capital humano, se contempla reducir 10 por ciento del costo total anual de la nómina en las estructuras autorizadas al 1 de enero de 2026 para áreas administrativas clave. También se eliminarán plazas de apoyo, como secretarías particulares, privadas y de funcionarios superiores, así como conductores.
Se establece que las vacantes deberán permanecer sin ocupar al menos 30 días y, si exceden cuatro meses, serán puestas a disposición del órgano administrador. Los contratos por honorarios no podrán superar tres meses, con un límite máximo acumulado de seis meses al año, y se prohíben becas externas fuera de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Entre las acciones operativas destacan la digitalización total mediante firmas electrónicas y el uso prioritario de videoconferencias, además de compras consolidadas de insumos y servicios.
El acuerdo prohíbe la adquisición o arrendamiento de vehículos cuyo valor supere 4 mil 343 UMA (509 mil 477 pesos), aunque se aclara que si se requieren vehículos de mayor costo “su adquisición o arrendamiento se podrá realizar previa justificación que al efecto realice la Unidad Ejecutora, misma que se someterá a la consideración de la Contraloría de Administración Judicial por conducto de la SEA o de la Unidad de Administración, según corresponda”.
Asimismo, las unidades ejecutoras deberán reducir 50 por ciento el gasto en viáticos, pasajes administrativos y difusión institucional respecto a 2025. Se establece que el personal cubrirá una parte del costo del comedor, que cualquier conversión de plazas requerirá un excedente presupuestal de 10 por ciento y que ninguna remuneración podrá rebasar el salario del Presidente de la República.
