A horas de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, con adhesión del transporte y de todos los gremios asociados, la prensa en Argentina intensifica sus reclamos frente a las recientes medidas del presidente Javier Milei. Dichas disposiciones no solo dificultan el trabajo de los medios, sino que además trasladan a periodistas, fotógrafos y camarógrafos la responsabilidad por su propia seguridad.
Como informó este periódico, los trabajadores de prensa han sido víctimas de severas represiones por parte de las fuerzas de seguridad, que han empleado gas pimienta, balas de goma, golpes y detenciones violentas. En los poco más de dos años de gestión de Milei, estas acciones han dejado numerosas víctimas.
Entre los afectados se encuentran dos fotógrafos: uno perdió la visión de un ojo, mientras que otro aún se recupera tras recibir un disparo de granada de gas lacrimógeno dirigido a su cabeza, hecho por el cual un gendarme está imputado.
Ayer, la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), con 40 años de trayectoria, emitió un comunicado rechazando un documento del ministerio de Seguridad Nacional titulado “Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso”. Según la organización, sus disposiciones “generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística y desentienden al Estado de su deber de proteger la integridad de los reporteros en cubrimientos de manifestaciones públicas”.
ACERA señaló que, de manera aún más grave, el comunicado “traslada a los propios trabajadores de prensa la responsabilidad por su integridad física, eludiendo así las funciones que la Constitución Nacional y las leyes vigentes asignan a dicha cartera de Estado y a sus agentes”.
La organización también advirtió que “cualquier limitación o acción que restrinja la labor de los periodistas que cubren manifestaciones, marchas o protestas en el espacio público no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.
ACERA recordó además que “diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, han establecido que, en contextos de alta conflictividad social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas y trabajadores de prensa para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad”.
La organización concluyó que “la protección efectiva del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades adopten medidas activas para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, especialmente cuando se trata de hechos de notorio interés público, como las protestas sociales. La imposición de restricciones desproporcionadas o generalizadas constituye una vulneración directa del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, ambos pilares fundamentales de todo sistema democrático”.
Finalmente, ACERA instó al ministerio de Seguridad Nacional a “reconsiderar los términos del comunicado mencionado y a adecuar sus directrices a los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de prensa y protección de periodistas”.
Durante el gobierno de Milei, ACERA ha publicado varios comunicados denunciando abusos y promoviendo la solidaridad con los trabajadores de prensa afectados por las represiones policiales.
