La Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que el bloqueo de petróleo hacia Cuba está intensificando la crisis humanitaria y afectando gravemente los derechos humanos de la población de la isla. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos subrayó que “los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los derechos humanos”.
En un comunicado, la portavoz del Alto Comisionado, Volker Türk, expresó su preocupación por el impacto acumulativo de décadas de embargo financiero y comercial, los fenómenos meteorológicos extremos y las recientes restricciones de Estados Unidos al suministro de petróleo. “Estamos extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba, provocada por un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de las personas en Cuba”, señaló.
El organismo internacional advirtió que la escasez de combustible pone en riesgo “la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país”, incluyendo la atención sanitaria y la infraestructura crítica. Según la ONU, el bloqueo afecta directamente a las unidades de cuidados intensivos, las salas de emergencia, la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, así como a la transfusión de sangre y a medicamentos sensibles a la temperatura.
Además, la dependencia del 80 % de los equipos de bombeo de agua de la electricidad agrava los cortes energéticos, comprometiendo el acceso “al agua potable segura, al saneamiento y a la higiene”. La portavoz agregó: “El acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, agua, medicamentos y un suministro adecuado de combustible y electricidad debe salvaguardarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y la posibilidad de disfrutar de otros derechos”.
La ONU enfatizó también el impacto sostenido de las sanciones sobre la capacidad del Estado cubano para garantizar servicios básicos, lo que “aumenta el riesgo de alimentar la perturbación social en Cuba”. En este contexto, instó a todos los Estados a levantar “las medidas sectoriales unilaterales”, resaltando “su impacto amplio e indiscriminado” en la población.
Finalmente, el Alto Comisionado instó a las autoridades de La Habana a actuar “de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prestando atención a las necesidades de los más vulnerables y priorizando la mediación, la desescalada y la salvaguardia de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión para todos”.
