La Suprema Corte avala Fiscalía Especializada en NL, pero limita sus atribuciones financieras
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF) en Nuevo León, pero anuló una de sus principales facultades: la capacidad de bloquear cuentas bancarias y otros valores del sistema financiero. La Corte determinó que esta atribución corresponde exclusivamente a la autoridad federal.
La resolución, que responde a dos proyectos del ministro Arístides García Guerrero, representa un revés para las impugnaciones presentadas por el gobernador Samuel García y un grupo de legisladores, quienes habían cuestionado la legalidad de esta nueva institución. En su fallo, la Corte concluyó que el Congreso local sí tenía facultades para transferir funciones de inteligencia financiera a la Fiscalía estatal, aunque no para intervenir en el aseguramiento de bienes financieros.
La FEIF nació a partir de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, presentada en 2022 por el grupo parlamentario del PAN y aprobada en un periodo extraordinario de ese mismo año. Aunque la reforma fue promulgada el 12 de febrero de 2024 mediante el Decreto número 196, la Fiscalía comenzó a operar al día siguiente.
El nuevo organismo asumió las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), que previamente estaba bajo la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Sin embargo, la Corte respaldó el argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y declaró inválido el último párrafo del artículo 33 Bis de la ley local, al considerar que las entidades federativas no pueden legislar sobre el aseguramiento de bienes financieros, ya que este tema está regulado exclusivamente por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Este fallo resalta la distinción entre las competencias federales y locales en materia de inteligencia financiera, y reafirma que cualquier acción fuera del marco federal podría generar incertidumbre jurídica.
