El Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas al Código Penal para sancionar de manera más severa el matrimonio infantil y la cohabitación forzada, con el objetivo de erradicar estas prácticas, particularmente en pueblos y comunidades indígenas. Las modificaciones, avaladas el pasado 30 de enero, establecen penas de entre 8 y 15 años de prisión, además de multas que van de mil a 2 mil 500 días de salario mínimo.
La legislación contempla agravantes cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, al reconocer la especial vulnerabilidad que enfrentan niñas y adolescentes en estos contextos.
Durante la sesión legislativa, la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que la reforma castiga a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de edad, o a alguien que no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir dentro de una unión informal.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México destacó que esta medida constituye “un paso necesario para la protección efectiva de los derechos humanos, en particular de niñas y adolescentes chiapanecas”. Asimismo, precisó que la iniciativa no busca confrontar los usos y costumbres, sino erradicar prácticas que vulneran derechos fundamentales.
“Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia, ninguna práctica por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”, afirmó López Sánchez.
Las reformas fueron aprobadas semanas después del caso de una niña tsotsil de 13 años que dio a luz en condiciones de alto riesgo en San Cristóbal de las Casas, un hecho que provocó una amplia reacción de indignación social.
Al cierre de su intervención, la diputada subrayó que la existencia de acuerdos familiares o comunitarios no justifica estas uniones forzadas. “No importa si existe un consentimiento familiar, no importa si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso. El Estado no puede ser neutral frente a esta realidad, la neutralidad aquí es complicidad”, concluyó.
