SEDENA envía refuerzo de 1,600 efectivos a Sinaloa para frenar violencia del crimen organizado
Ante el recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha enviado un total de mil 600 efectivos, incluidos 90 miembros de fuerzas especiales, para reforzar los operativos de seguridad en los municipios de Culiacán y Mazatlán.
Además, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha iniciado una investigación sobre la desaparición de 10 empleados de una empresa minera en la comunidad de La Concordia. Aunque ya se realizó un cateo en el área, las autoridades no han revelado detalles sobre los resultados obtenidos.
La SEDENA informó que, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el despliegue de tropas se realizó a través de cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, que trasladaron a los efectivos desde diversos puntos del país hacia las dos ciudades sinaloenses. Con este refuerzo, se espera apoyar las labores de seguridad y fortalecer las acciones de la III Región Militar y la 9ª Zona Militar.
Este envío de tropas se suma a los diversos operativos de seguridad que ya están activos en la región, donde las facciones de Los Chapitos y La Mayiza pelean por el control del Cártel de Sinaloa, especialmente en las áreas de cultivo de amapola, marihuana y la producción de drogas sintéticas.
La misión principal de los militares, según detalló la SEDENA, es actuar en coordinación con autoridades estatales y federales para llevar a cabo tareas de disuasión, prevención y patrullaje, con el objetivo de generar un ambiente de seguridad y tranquilidad en la región.
Por otro lado, en cuanto a la desaparición de los trabajadores de la minera en La Concordia, la Fiscalía General del Estado explicó que el 24 de enero, tras recibir una alerta a través del número de emergencias 911, activaron los protocolos para dar inicio a la investigación. Se abrió una carpeta por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.
La Fiscalía destacó que, desde el primer momento, se ha mantenido una coordinación interinstitucional con las autoridades federales y locales, y como parte de las acciones de búsqueda, el 27 de enero se realizó un cateo, el cual fue autorizado por la autoridad judicial competente.
