El Salvador enfrenta una crisis silenciosa en la niñez debido a las detenciones masivas impulsadas por el régimen de excepción.
Jade se esfuerza cada tarde por alimentar a los polluelos en la granja de su abuela, después de un largo día de clases. La joven de 16 años no sólo tiene que hacerse cargo de las tareas agrícolas, sino también enfrentar el doloroso estigma de que sus compañeros de escuela la llamen “hija de un criminal”, debido a la detención de su padre en el marco de la guerra antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.
Desde que su padre, José Urquía, fue arrestado en agosto de 2023, Jade y su hermano de 13 años han quedado bajo el cuidado de su abuela, Sara Rivas, en El Rosario, a 50 kilómetros al este de San Salvador. Mientras sobreviven con una remesa enviada por su madre, que emigró a Estados Unidos, y con los ingresos de la granja, Jade continúa enfrentando la etiqueta de “hija de pandillero”.
“Me lastima cuando me dicen (vaya) a saber qué marero (pandillero) es (…). Siempre hay personas que me lo mencionan diciéndome que mi papi es un delincuente”, relata con tristeza. “Mi papi es inocente”, afirma convencida.
Según la ONG Cristosal, alrededor de 62 mil menores de 15 años podrían estar sufriendo algún tipo de abandono debido a las estrictas políticas de mano dura implementadas por el gobierno, que incluyen el estado de excepción que autoriza arrestos sin orden judicial desde 2022. Aunque la violencia se redujo al encarcelar a más de 91 mil personas, miles de niños han quedado atrapados en la pobreza, la estigmatización y el trauma por estar separados de sus padres, muchos de los cuales, según las organizaciones de derechos humanos, son inocentes.
Una crisis que se arrastra en silencio
El sufrimiento de Jade es solo uno de los muchos casos de menores que han visto alteradas sus vidas por las políticas del gobierno. Cristosal y otras organizaciones denuncian detenciones arbitrarias y casos de tortura en el marco del régimen de excepción. Aunque el gobierno rechaza estas acusaciones, admite que unas 8 mil personas han sido liberadas por falta de pruebas.
Jade, quien aún guarda fotos de su padre, ya planea cambiarse de escuela. “Prefiero irme a uno nuevo con personas que no conozco, (y) comenzar de cero”, dice, con la esperanza de escapar de las constantes referencias a su padre como un delincuente.
En muchos casos, los niños que han sido separados de sus padres abandonan la escuela para trabajar y ayudar a sus familias, que a menudo se encuentran en una situación de extrema pobreza. Cristosal ha calificado esta situación como una “crisis silenciosa” que tendrá repercusiones durante décadas.
Consultada por AFP, la Comisión Nacional de Protección a la Niñez (Conapina) asegura que está brindando atención psicológica y emocional a los hijos de los detenidos y apoyando a las familias para que puedan emprender negocios. Sin embargo, el gobierno también señala que, en algunos casos, los padres detenidos eran “los principales responsables de la vulneración de derechos de sus hijos”.
“Me quitaron la infancia”
La historia de los gemelos Carmen y Manuel (nombres ficticios) refleja otro aspecto sombrío de esta crisis. En junio de 2022, su padre, José Ángel Ruiz, un repartidor de pan de 36 años, fue detenido por la policía. Desde ese momento, sus vidas cambiaron por completo. Carmen, de 17 años, lo recuerda con dolor: “Es horrible porque no fue un abandono que él haya decidido, sino que nos lo quitaron de nuestros brazos”.
Desde el arresto de su padre, Carmen y su hermano Manuel se han visto obligados a trabajar para sustentar a sus tres hermanos menores. Carmen limpia casas y baña mascotas, mientras que Manuel trabaja como albañil. “Me tocó madurar demasiado rápido, me quitaron la infancia”, lamenta Carmen, aunque con orgullo destaca que logró terminar su bachillerato con honores. “Yo sé que mi papá va a salir de la cárcel”, expresa con esperanza.
Sin embargo, la situación de muchos otros niños es mucho más trágica. Cristosal informa que entre 2022 y 2024, casi 180 menores perdieron a uno de sus padres mientras estaban encarcelados bajo el régimen de excepción. Además, la ONG Socorro Jurídico ha reportado la muerte de 470 personas en prisión desde la implementación de este régimen.
