El Senado de la República se encuentra en la etapa final de ajustes al dictamen que propone reducir la semana laboral a 40 horas, una reforma constitucional que podría ser discutida próximamente en el pleno.
La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, informó que el senador Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, le ha comunicado que la modificación al artículo 123 de la Constitución ya se encuentra en sus últimos detalles, lo que abre la puerta a su análisis en la plenaria en el corto plazo.
A través de sus redes sociales, Castillo Juárez señaló que durante la primera semana del actual periodo ordinario de sesiones, el Senado también estará atento a la comunicación que enviará el Órgano de Administración Judicial, relativa a las plazas que quedarán vacantes y a las designaciones de quienes ocuparán los cargos de magistrados en los Tribunales de Circuito.
Asimismo, adelantó que sostendrá una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de impulsar una reforma al Reglamento del Senado. Esta iniciativa busca actualizar el documento, incorporar lenguaje incluyente y establecer lineamientos que regulen el desarrollo de los debates parlamentarios.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, anunció la realización de consultas y parlamentos abiertos para analizar diversas iniciativas, entre ellas la reforma relacionada con los llamados jueces sin rostro.
El legislador estimó que será necesario realizar adiciones a dicha propuesta para dotarla de mayor precisión y establecer una regulación clara de esa figura, ya que, advirtió, sin controles adecuados podría representar un riesgo para los derechos humanos. En ese sentido, subrayó que se busca que su aplicación sea temporal, excepcional y con reglas bien definidas.
Finalmente, el senador por Chihuahua indicó que durante el actual periodo de sesiones, iniciado el día de ayer, se llevarán a cabo nombramientos pendientes de magistrados electorales y se abrirá un debate sobre la viabilidad de una codificación única en materia penal, luego de que especialistas han exhortado al Congreso a discutir este tema.
