La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no utilizar las nuevas camionetas blindadas, adquiridas por 2.4 millones de pesos cada una, para trasladar a sus ministros. La medida responde a que en la Corte “no hacemos oídos sordos” a la crítica pública y a que la austeridad “no es un acto simbólico”, afirmó este lunes el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien agregó que incluso podrían trasladarse en autobús o en Metro para el desempeño de sus labores.
Aguilar Ortiz, junto a cinco ministros y al presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la SCJN para justificar la compra de las camionetas, realizada como parte de la renovación de 571 unidades del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los ministros explicaron que la adquisición respondió a razones de “seguridad vial” y no por inseguridad, al sustituir modelos de 2009 y 2013, además de generar ahorros superiores a mil millones de pesos en los próximos tres años, gracias a medidas de austeridad. Aguilar Ortiz subrayó que los “excesos” correspondían a la Corte anterior, no a la actual.
“Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el Metro, no tengo problema”, enfatizó el ministro presidente.
Aguilar Ortiz recordó que desde 2010 los ministros cuentan con medidas de seguridad acordes con sus responsabilidades, incluido el uso de vehículos blindados. Señaló que la Corte anterior tenía 43 unidades, pero al inicio de la actual administración se recibieron 39, ya que cuatro —“en mejores condiciones”— fueron adquiridas por ministros en retiro.
En este contexto, el ministro Arístides Guerrero García comentó que sus antecesores, encabezados por Norma Piña, “se llevaran” los mejores cuatro vehículos y obras de arte, al responder preguntas dirigidas a él. Sin embargo, Aguilar Ortiz aclaró que no se trató de un robo, sino de una compra:
“No, el acuerdo es que las compran (las camionetas), que se hace un avalúo interno y las compran. El costo es bajo, pero hay un acuerdo plenario, no de éste pleno, del pleno anterior, que podían adquirir sus vehículos, se llevaron cuatro vehículos, obviamente las que estaban en mejores condiciones… compradas, no se las robaron, hay que puntualizar”, explicó.
Pese a los cuestionamientos, Guerrero no detalló las obras de arte ni los ministros involucrados, ni precisó si existen denuncias. Señaló que las auditorías en curso serán las encargadas de revelar esos datos. Sobre los vehículos, afirmó que su adquisición anterior fue a un costo muy bajo, práctica que “no se permite en ningún otro ámbito laboral”.
“¿En qué trabajo permiten adquirir un automóvil a un precio mucho menor del que se encuentra generalmente cuando se hacen esos convenios? Entonces es importante es importante decirlo. Creo que esa es una de las políticas de austeridad que deben implementarse en tanto evitar este tipo de de situaciones que se viven”, cuestionó.
Seguridad vial, no inseguridad
Hugo Aguilar señaló que los vehículos anteriores, modelos 2019, 2020 y 2021, presentaban un alto deterioro y fallas mecánicas, además de que el blindaje había rebasado su vida útil, según evaluaciones técnicas y análisis de riesgo de instancias internas y autoridades de seguridad.
Con base en estos dictámenes, se decidió renovar el parque vehicular y desincorporar la mayoría de las unidades; 21 de ellas serán puestas a la venta. No obstante, y en respuesta a cuestionamientos públicos, se acordó no usar los vehículos recientemente adquiridos, actuando con austeridad sin comprometer la seguridad ni el funcionamiento institucional, especialmente ante el aumento de viajes terrestres al interior del país.
Aguilar Ortiz recalcó que la sustitución se justificó por seguridad vial y no por inseguridad. Recordó que en un traslado a Huejutla su camioneta quedó varada por la ruptura de un rin, y agregó que las unidades están diseñadas para uso urbano, poco aptas para viajes de campo.
“La decisión no fue una decisión subjetiva, arbitraria ni caprichosa para adquirirlo, está justificado. Ahora, lo que queremos reiterar, decir, es que el ministro pueda andar como cualquier ciudadano común, podemos ir a campo si hay necesidad en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos”, indicó.
El ministro enfatizó que la seguridad no equivale a lujo y que la austeridad no debe afectar la operación. Además, anunció que los vehículos adquiridos podrán ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, siempre dentro del marco legal, y que las decisiones administrativas seguirán criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia e interés público, sujetas al escrutinio ciudadano.
Por su parte, Néstor Vargas explicó que la compra permitió modificar el esquema de arrendamiento de autos hacia la propiedad de las unidades, generando ahorros cercanos a mil millones de pesos en los próximos años bajo criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.
A pesar de las aclaraciones, los ministros no detallaron qué vehículos usarán para su desempeño diario.
