Exigen explicaciones a Maru Campos sobre los resultados de la Plataforma Centinela frente a aumento de homicidios en Chihuahua
Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos durante 2025, lo que genera preocupación sobre la efectividad de la Plataforma Centinela, una herramienta de seguridad pública que, según la diputada Leticia Ortega Máynez, ha fallado en cumplir con las expectativas a pesar de su elevado costo.
Durante la sesión ordinaria del Congreso de este martes, Ortega Máynez, representante del Distrito II (Juárez), señaló que la implementación de la Plataforma Centinela no ha dado resultados tangibles, a pesar de las promesas de modernización de la seguridad pública en el estado. La legisladora subrayó la falta de indicadores verificables y la opacidad en el proceso de contratación, y exigió al Gobierno estatal que rinda cuentas sobre la inversión realizada.
Entre enero y septiembre de 2025, Chihuahua acumuló más de 1,300 víctimas de homicidio doloso, una cifra que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ascendió a 1,527 casos a finales de octubre, colocando al estado en el segundo lugar nacional, solo por debajo de Guanajuato, con 2,229 homicidios.
Ortega Máynez cuestionó la asignación del contrato para la implementación de la Plataforma Centinela, destacando que la información sobre este proceso es escasa y carece de transparencia. Según la diputada, los detalles del contrato (SHADE/079/2022), que asciende a más de 4 mil millones de pesos, fueron reservados por cinco años, lo que impide a la ciudadanía y al Congreso revisar el presupuesto, las especificaciones técnicas y los términos del acuerdo.
“La respuesta del Ejecutivo, en lugar de aclarar dudas, ha confirmado tres puntos: primero, que el contrato se otorgó de manera discrecional; segundo, que el proyecto es manejado con total opacidad; y tercero, que los resultados en materia de seguridad no corresponden al monto gastado”, expresó Ortega Máynez.
La legisladora también criticó que el contrato, que incluye tanto infraestructura como equipamiento y software operativo, debió haber sido sometido a un proceso de licitación pública, dado que se trata de un proyecto con características de obra pública, lo que exigiría mayores controles y transparencia.
“Es evidente que se aplicaron criterios legales que favorecen la discrecionalidad, eludiendo un proceso más riguroso. Esto no solo compromete la confianza pública, sino que también pone en duda la eficiencia del gasto”, añadió Ortega.
Además, la diputada hizo referencia a auditorías previas en las que se han señalado sobrecostos e incumplimientos por parte de la empresa Seguritech, encargada de la implementación de la plataforma. Estos antecedentes, según Ortega, debieron haberse tomado en cuenta antes de otorgar el contrato más costoso en la historia del estado sin una licitación formal.
“El Gobierno del Estado otorgó el contrato más caro de su historia a Seguritech, a pesar de los antecedentes negativos, y sin garantizar que los resultados esperados en términos de seguridad se vayan a cumplir”, concluyó la legisladora.
