El Senado de Uruguay aprobó, tras un intenso proceso legislativo de cinco años, la ley de eutanasia, conocida como “Muerte digna”, que permitirá a las personas mayores de edad en situación de sufrimiento extremo por una enfermedad incurable e irreversible optar por la muerte asistida. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el proyecto obtuvo la aprobación final, lo que convierte a Uruguay en el primer país latinoamericano en regular la eutanasia a través de un proceso parlamentario, a diferencia de otros países como Colombia y Ecuador, donde la despenalización fue producto de fallos judiciales.
El camino hacia esta histórica decisión fue largo y estuvo marcado por intensos debates, en los que se escucharon más de 60 organizaciones durante las audiencias en las comisiones de salud de ambas cámaras. El respaldo fue mayoritario entre los sectores progresistas, con el Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional sumando su apoyo. Según una encuesta de la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de la legalización de la eutanasia.
El texto aprobado establece que la eutanasia podrá ser solicitada por cualquier persona mayor de edad “psíquicamente apta” que se encuentre en la etapa terminal de una enfermedad incurable o que sufra un dolor insoportable debido a la enfermedad. La solicitud deberá realizarse por escrito, y la eutanasia se llevará a cabo de manera indolora y respetuosa de la dignidad del paciente.
El debate sobre la eutanasia en Uruguay estuvo influenciado por el caso de Fernando Sureda, un conocido dirigente del fútbol uruguayo que, en 2019, pidió la legalización de la eutanasia debido al sufrimiento causado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que finalmente le provocó la muerte en 2020. En 2020, el diputado Ope Pasquet presentó un primer proyecto que no logró avanzar en el Senado. Sin embargo, la nueva propuesta del Frente Amplio, inspirada en ese texto, fue aprobada este miércoles tras un extenso debate.
La ley, similar a la de Países Bajos, establece un sistema de garantías para su implementación. Además de la solicitud escrita del paciente, la ley prevé una serie de pasos para garantizar que la decisión sea tomada de forma libre y consciente, entre ellos la evaluación de al menos dos médicos independientes. Una comisión honoraria se encargará de evaluar los casos anuales y generar informes para el Ministerio de Salud y el Parlamento. Todos los prestadores del Sistema Nacional de Salud deberán poner a disposición los recursos necesarios para facilitar este derecho.
El exdiputado Ope Pasquet, que fue uno de los principales impulsores de la legislación, celebró la ley como un avance en el respeto a la autonomía de las personas: “El que quiera eutanasia que la pida y el que no la quiera que la rechace”, afirmó. En tanto, la oposición conservadora, representada por el senador Javier García, criticó la ley, señalando que “no ofrece garantías” y que el Estado debería enfocarse más en garantizar el derecho a vivir.
Por su parte, el oficialista Daniel Borbonet defendió la ley como un derecho a decidir que “no obliga a nadie, sino que ofrece una alternativa”, destacando que no sustituye los cuidados paliativos ya existentes.
Tras la aprobación en el Senado, la ley ahora pasará al Poder Ejecutivo, que tendrá seis meses para reglamentarla.
