La SCJN en espera de resolver el derecho a consulta de las personas con discapacidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalizó este miércoles un ciclo de tres jornadas de audiencias públicas, en las que participaron 89 personas con discapacidad. En esta instancia, los ministros se comprometieron a tomar en cuenta las propuestas y preocupaciones de los asistentes en su resolución sobre la acción de inconstitucionalidad 182/2024, que pone en juego el derecho de este sector a ser consultado durante la elaboración de leyes que afectan sus vidas.
Durante la última de las audiencias, que se extendió por seis horas y media, la mayoría de los ponentes expresaron su inquietud respecto al proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Este proyecto propone modificar el criterio utilizado por la Corte en la última década, mediante el cual más de 50 leyes que impactaban a las personas con discapacidad fueron invalidadas por la falta de consulta previa a este sector. El cambio propuesto ha generado desacuerdos dentro del Pleno de ministros, especialmente con Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía, quienes argumentaron que abandonar el anterior criterio podría restringir el derecho de consulta.
Frente a este panorama, el ministro Hugo Aguilar, al cerrar las audiencias, expresó que el planteamiento de Batres será “madurado” y aseguró que se buscará un “equilibrio de derechos” que garantice a las personas con discapacidad el goce pleno de sus derechos fundamentales.
En su intervención, Batres subrayó la complejidad del tema y prometió un análisis exhaustivo de todas las propuestas presentadas. A pesar de las preocupaciones, recordó que el 7 de octubre, la Corte aprobó, por mayoría, abandonar el criterio automático de invalidación de leyes, en favor de un análisis caso por caso sobre la validez de las leyes que no hayan sido consultadas previamente con este colectivo.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa dejó claro que no se debe reconocer la validez de leyes creadas sin consulta previa, aun cuando se consideren “benéficas”. Señaló que debe otorgarse un plazo de gracia a los legisladores para cumplir con su obligación de consultar a las personas con discapacidad. En esa misma línea, Esquivel Mossa destacó que su ponencia tomará en cuenta los testimonios de las audiencias, subrayando la necesidad de pensar las leyes desde la vivencia de quienes las padecen.
Ministros como Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero e Irving Espinosa también expresaron que las experiencias compartidas serán fundamentales en la toma de decisiones. Guerrero reafirmó el principio de “nada sobre ustedes, sin ustedes”, asegurando que la Corte trabajará para que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se haga de manera plena y digna.
En cuanto al proyecto de la ministra Batres, este argumenta que de las más de 50 leyes invalidadas desde 2016, muchas de ellas eran en beneficio de las personas con discapacidad. Sin embargo, varios participantes en las audiencias, como Ángel Emmanuel Rangel Bocardo, criticaron este enfoque, advirtiendo que asumir que estas leyes eran beneficiosas de antemano podría volver al modelo médico rehabilitador, excluyendo a las propias personas con discapacidad de las decisiones que les afectan.
Carlos Enrique Odriozola Mariscal, abogado del Centro Contra la Discriminación A.C., citó los informes de la ONU para reforzar la necesidad de una consulta real y efectiva, recordando que México ha sido señalado por no cumplir completamente con esta obligación internacional.
Finalmente, el ministro Aguilar Ortiz señaló que aún no se tiene una fecha exacta para la próxima discusión y resolución del caso, aunque aseguró que será “a la brevedad”. También destacó que, en respuesta a las críticas sobre la accesibilidad de la convocatoria, se implementaron diversas medidas para garantizar la participación inclusiva durante las audiencias, como interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), subtítulos en tiempo real, y materiales en formatos accesibles.
