El Senado de la República aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo, incorporando modificaciones sugeridas durante las audiencias públicas y la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La aprobación se realizó con 76 votos a favor de Morena, PT y Verde, y 39 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta reintrodujo un artículo transitorio que permitiría aplicar la reforma a casos vigentes y en trámite, pese a que Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, había señalado previamente que sería eliminado. La oposición consideró esta disposición como retroactiva e inconstitucional.
“Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Lo que aquí discutimos no afecta derechos adquiridos porque no modifica la esencia del amparo, sino precisa su naturaleza jurídica. Dejo en claro que no se tocan derechos colectivos ni individuales, ninguna persona pierde derechos que ya ejerce. Lo que realmente ocurre es que evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal”, afirmó Huerta.
La oposición acusó que la reforma limita los derechos ciudadanos y viola la Constitución. “Ya nada nos sorprende de ustedes, es increíble hasta dónde han llegado por esa ambición de poder, pero sobre todo por el miedo de protegerse, porque tienen miedo”, denunció la priista Carolina Viggiano. Alejandra Barrales señaló que la retroactividad afectaría a 706 mil casos vigentes.
El dictamen, presentado al pleno, asegura que la reforma busca mayor certeza jurídica, homologa plazos y garantiza un acceso efectivo a la justicia. Define el alcance del interés legítimo, que podrá ser individual o colectivo, y permite el uso de herramientas digitales para presentar amparos.
“La suspensión del acto reclamado se mantiene como instrumento esencial de protección, pero se establece límites en casos sensibles como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública; y se mantiene la protección al mínimo vital, salarios, alimentos y vivienda. Se protege a la persona sin permitir que la suspensión sirva para encubrir actividades ilícitas ni lesivas para el desarrollo del país”, explicó Corral.
Movimiento Ciudadano solicitó una moción suspensiva para frenar la discusión en el pleno. “En resumen, esta visión regresiva del amparo, que hoy podríamos decir si esto se consuma, Ley de Desamparo, no es justicia social ni pone la justicia al servicio de la gente. Es una reforma que concibe al Estado como si fuera la víctima de los perversos ciudadanos”, advirtió Clemente Castañeda.
Carolina Viggiano alertó que la iniciativa podría eliminar la posibilidad de acudir a tribunales para defender causas colectivas como la protección de ríos, bosques o ecosistemas. Claudia Anaya lamentó que incluso el ministro en retiro Arturo Zaldívar se desdijera de sus postulados sobre amparo al limitar el interés legítimo.
La panista Mayuli Latifa Martínez señaló que la reforma debilita “la única herramienta de defensa de los mexicanos frente a los excesos de cualquier gobierno”. Por su parte, el senador del Verde, Waldo Fernández, aseguró que la reforma busca corregir el uso indebido del juicio de amparo, que en algunos casos se había convertido en un recurso dilatorio.
Entre los cambios aprobados destacan la fijación de plazos precisos para audiencias, la incorporación de supuestos de revocación para actos fiscales firmes, la precisión de los medios de garantía para suspensiones y la eliminación de disposiciones que limitaban multas y sanciones penales a autoridades que incumplan suspensiones o sentencias de amparo.
