Suprema Corte permite a Trump limitar ciudadanía por nacimiento en más de la mitad del país
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump implementar, en 28 estados, una orden ejecutiva que restringe el derecho a la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. El fallo, aprobado por mayoría de seis votos contra tres, permite que la medida entre en vigor en 30 días, aun cuando enfrenta impugnaciones legales en otros estados.
La decisión, redactada por la jueza Amy Coney Barrett y respaldada por los magistrados conservadores, representa un avance clave en la agenda antiinmigrante del expresidente, quien busca reelegirse en noviembre. Si bien la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida, su fallo marca un giro importante al limitar la facultad de jueces federales para suspender políticas a nivel nacional.
“Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional”, celebró Trump tras conocer el fallo. En redes sociales, calificó la resolución como una “gran victoria” y arremetió contra la “izquierda radical”, acusándola de intentar manipular a la Corte Suprema.
La orden ejecutiva, firmada el 20 de enero, niega la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal, incluso si nacen en territorio estadounidense. Esto cuestiona directamente el principio de la Enmienda 14, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en que residen”. La Corte ya había confirmado ese derecho en 1898, en el caso Wong Kim Ark.
El fallo se produce después de que jueces federales en Seattle, Maryland y Massachusetts bloquearan la orden a nivel nacional. La administración de Trump apeló y solicitó a la Corte Suprema revisar la legalidad de las llamadas órdenes judiciales universales. La decisión actual limita ese tipo de medidas a los estados que participaron directamente en las demandas, lo que habilita la aplicación parcial de la política.
Los detalles sobre cómo se aplicará la orden aún no están claros, pero el dictamen marca un precedente sobre los límites del poder judicial frente al Ejecutivo. Barrett argumentó que “los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”. Añadió que “cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”.
La jueza liberal Sonia Sotomayor respondió con una enérgica disidencia, calificando el fallo como “una farsa para el estado de derecho” y advirtiendo que permitir al presidente redefinir unilateralmente la ciudadanía creará “un sistema heterogéneo de derechos constitucionales”, incluyendo el derecho al voto.
El asesor legal de Trump, John Sauer, comparó las órdenes judiciales nacionales con un “arma nuclear” que interfiere con la separación de poderes. A pesar de que los conservadores en la Corte criticaron ese tipo de medidas, los aliados de Trump también han recurrido a ellas en otras ocasiones para bloquear políticas demócratas.
El fallo no resuelve de fondo la constitucionalidad de negar la ciudadanía por nacimiento, pero sienta las bases para una batalla legal más amplia. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos civiles y gobiernos estatales continúan litigando para frenar la medida y preservar un principio consagrado desde hace más de un siglo.
