El Congreso del Estado de Sinaloa presentó un dictamen que propone sancionar penalmente el uso, fabricación y distribución de objetos conocidos como “ponchallantas”, utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular. La propuesta plantea penas de tres a diez años de prisión, además de multas económicas y el decomiso de los objetos asegurados.
Durante una sesión ordinaria, diputadas y diputados de la 65 Legislatura dieron lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el cual busca adicionar el artículo 264 Bis al Código Penal del Estado. En él se establece:
“Se impondrá una pena de tres a 10 años de prisión, de 100 a 500 días multa, y el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito vehicular.
“Se incluyen, entre otros, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro material, comúnmente conocidos como ‘ponchallantas’”.
El dictamen también contempla castigos para quienes fabriquen, comercialicen o faciliten estos objetos con fines delictivos:
“La misma pena se aplicará a quien fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.
“Para efectos de este artículo, se entiende por vía de comunicación a las calles, bulevares, caminos, veredas, terracerías, avenidas, carreteras, autopistas o libramientos”.
Asimismo, se establece un agravante en la sanción si se involucra a menores de edad en la comisión del delito, o si el responsable es un servidor público en funciones o que haya desempeñado el cargo hasta cinco años antes del hecho. En estos casos, la pena podría aumentar hasta en una mitad adicional.
La propuesta surge de dos iniciativas: una impulsada por el grupo parlamentario de Morena y otra presentada por los ciudadanos José Luis Ricardo López Enríquez, Luis Rosales Zagal, Francisco Villarreal Gastélum y Juan Bautista Lugo Corrales.
Tras su lectura en el Pleno, el dictamen fue turnado para una segunda revisión, donde será discutido y eventualmente sometido a votación para su posible aprobación.
