El gobierno de México rechazó de forma categórica las recomendaciones emitidas por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a la elección de cargos judiciales realizada el pasado 1 de junio.
A través de su Misión Permanente ante la OEA, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó el informe preliminar de los observadores como una “extralimitación de su mandato” y afirmó que su contenido va “contra los principios fundamentales de la Carta de la Organización”.
En una nota diplomática enviada al secretario general de la OEA, México acusó a la misión de “rebasar sus atribuciones al intentar imponer criterios sobre la forma en que un país soberano debe organizar su poder judicial”.
La Cancillería subrayó que el Artículo 3 de la Carta de la OEA “establece claramente el derecho de cada Estado a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social”. Además, insistió en que la labor de los observadores no debe incluir juicios de valor fuera de su competencia.
En un comunicado, la SRE defendió que la elección del 1 de junio se llevó a cabo conforme a la Constitución y las leyes electorales mexicanas, “un hecho que, paradójicamente, el propio informe de la OEA reconoce”.
El informe preliminar de la misión expresó su “preocupación por el modelo de elección de cargos judiciales por voto popular”, argumentando que este sistema “podría debilitar la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”. También se mencionó la baja participación ciudadana y las diferencias en el funcionamiento de los comités evaluadores de candidaturas.
