Conagua defiende legalidad del desmantelamiento de presas ilegales en rancho de César Duarte
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este miércoles que presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito los elementos jurídicos que respaldan la legalidad de las acciones emprendidas para desmantelar las presas y represas construidas ilegalmente en el rancho El Saucito, ubicado en Chihuahua y propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez.
La dependencia señaló que con esta presentación jurídica quedó demostrado que la suspensión provisional otorgada a diversos ciudadanos para frenar la demolición de dichas construcciones es improcedente, al tratarse de un asunto que ya agotó todas las instancias legales y por la relevancia que representa para la sociedad.
Conagua enfatizó que las sanciones impuestas en su momento fueron impugnadas por el exmandatario en distintas instancias jurisdiccionales, pero todas fueron validadas, incluso por el propio Poder Judicial de la Federación, por lo que se trata de una resolución firme en ejecución.
Asimismo, la comisión informó que interpuso un recurso de queja en contra de la suspensión provisional otorgada por la titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Chihuahua, además de entregar la documentación necesaria para solicitar su revocación.
Derivado de la diligencia realizada el pasado 27 de mayo, también se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por posibles actos ilícitos, como el uso indebido de bienes nacionales y casos de maltrato animal.
La Conagua ratificó que las sanciones fueron dictadas debido a la realización de obras sobre propiedad federal, el aprovechamiento del recurso hídrico y el desvío del cauce natural de un cuerpo de agua sin contar con los permisos correspondientes, irregularidades que aún persisten y no pueden continuar.
Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de garantizar el derecho humano al agua y de gestionar los recursos hídricos del país, considerados bienes nacionales, siempre en estricto apego a la legalidad.
