La relación entre España y Nicaragua ha alcanzado un nuevo nivel de tensión, luego de que ambos países decidieran expulsar a sus embajadores y a otros miembros de sus delegaciones diplomáticas. Esta escalada se produce en el contexto de una crisis diplomática que se viene gestando desde hace varios años, a raíz de la creciente represión del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores.
El conflicto comenzó el pasado sábado, cuando el gobierno de Nicaragua expulsó del país al embajador español, Sergio Farré Salvá, y a su segundo al mando, Miguel Mahiques Núñez. También fueron detenidos y expulsados cinco ciudadanos españoles que realizaban labores de cooperación en el país centroamericano. Según el gobierno nicaragüense, esta medida se justificó como parte de una campaña contra la “intervención extranjera” en sus asuntos internos.
En respuesta, el gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, adoptó una postura de “estricta reciprocidad” y ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, así como de su segundo al mando. A través de un comunicado oficial, el Ministerio español subrayó que, a pesar de la crisis, continuará trabajando “por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”.
Este episodio se enmarca en una serie de tensiones previas entre ambos países, que ya habían sido evidentes en episodios anteriores. En agosto de 2021, el gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado del gobierno de Ortega que acusaba a España de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. La situación empeoró cuando Ortega no permitió el regreso de la embajadora en 2022 y retiró al embajador nicaragüense en Madrid. Sin embargo, en julio de ese mismo año, el gobierno español nombró a una nueva embajadora, Pilar María Terrén, quien se acreditó en febrero de 2023, pero las relaciones siguieron siendo frías.
Un factor que ha contribuido al deterioro de las relaciones ha sido la política de asilo del gobierno español, que ha permitido la entrada de figuras nicaragüenses perseguidas por el régimen de Ortega, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Este tipo de gestos ha sido visto con desconfianza desde Managua, que considera que la acción española socava la estabilidad de su régimen.
