Represión y censura: organizaciones alertan sobre el deterioro de derechos en El Salvador bajo el gobierno de Bukele

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este domingo un aumento alarmante en la persecución contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, a quienes el gobierno de Nayib Bukele estaría criminalizando para acallar las voces críticas en el país.

“Se vive en un clima muy tenso y de temor entre las organizaciones (…) Mayo ha sido un mes de persecución, criminalización y asfixia de todas las voces críticas o disidentes que trabajan en la defensa de derechos humanos o en la prensa no alineada” al gobierno salvadoreño, advirtió la asociación en un comunicado.

La denuncia coincide con un contexto de creciente presión por parte de organismos internacionales, que han señalado al Ejecutivo de Bukele por violaciones a los derechos humanos derivadas de su política de seguridad.

En las últimas semanas se han registrado múltiples detenciones de abogados y activistas. Entre los casos más destacados está el de Ruth López, reconocida jurista que denunció casos de corrupción del gobierno y apoyaba a migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos. También fueron encarcelados el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez, tras participar en protestas campesinas. En febrero fue detenido el activista Fidel Zavala, acusado de pertenecer a pandillas.

La situación se ha agravado con la aprobación de una nueva legislación por parte de la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, que obliga a las organizaciones no gubernamentales a registrarse como “agentes extranjeros” y a pagar un impuesto del 30 % sobre las donaciones recibidas.

“El gobierno (de Bukele) y su fiscalía han protagonizado una escalada autoritaria”, afirmó la APES, que además reportó que al menos una docena de personas abandonaron el país en mayo por temor a detenciones arbitrarias.

Uno de los casos más emblemáticos es el del medio independiente El Faro. El pasado 1 de mayo, el sitio publicó una investigación que revela presuntas negociaciones secretas entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas, acuerdos que habrían sido determinantes para el ascenso político de Bukele desde que fue alcalde de San Salvador.

Tras la publicación, los periodistas de El Faro denunciaron amenazas de muerte, campañas de difamación en redes sociales impulsadas por funcionarios, vigilancia con drones y vehículos no identificados. Además, el medio asegura que la Fiscalía General prepara órdenes de arresto contra al menos siete de sus miembros, lo que se interpreta como una persecución judicial por divulgar información de interés público.

Aunque la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión declaró que “el principio de legalidad aplica en nuestro país para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas”, el historial de acoso al medio contradice esa postura. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 34 integrantes de El Faro, y ese mismo año se comprobó que al menos 22 de sus periodistas fueron espiados con el software Pegasus. Desde 2023, parte del equipo se trasladó a Costa Rica, pero la persecución continúa.

APES sostiene que este hostigamiento no es un hecho aislado. En 2024 se registraron 789 ataques contra la prensa, un aumento del 154 % respecto al año anterior. El 70 % de las agresiones fueron cometidas por instituciones del Estado, cuerpos de seguridad o funcionarios públicos.

El Salvador ha descendido 61 lugares en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en los últimos cinco años. Este retroceso, sumado a la persecución sistemática de voces críticas, refleja un preocupante deterioro del estado de derecho en el país centroamericano.