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Fiscalía Electoral activa agentes en todo el país para jornada electoral histórica

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) inició un despliegue ministerial en los 32 estados para atender denuncias durante la jornada electoral del próximo 1 de junio. En esta fecha se renovarán 881 cargos del Poder Judicial y se realizarán elecciones en Durango y Veracruz.

A partir del lunes 1 de junio y hasta el 2 de junio, agentes del Ministerio Público Federal (MPF) estarán activos para prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos electorales, en un proceso inédito donde se elegirán ministros, magistrados y jueces.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la presencia territorial permitirá identificar conductas ilícitas contempladas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tales como “la compra o coacción de votos, el uso indebido de recursos públicos o programas sociales y la retención indebida de credenciales de elector.”

Respecto a la coordinación y capacitación, se destacó: “Para atender las denuncias, el personal de la FISEL actuará coordinadamente con las 32 fiscalías federales de la FGR, a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Cabe señalar que, previamente, la FISEL capacitó a seis mil 500 personas servidoras públicas de la FGR (ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo).”

El operativo se organizará conforme al modelo zonal implementado por la FECOR, agrupando estados según proximidad geográfica y factores sociopolíticos, en cinco zonas: Noroeste, Noreste, Occidente, Centro-Valle y Sureste.

Finalmente, se informó que “Durante su estancia, el personal ministerial de la FISEL también colaborará de manera activa con el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales, las fiscalías electorales locales, Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Gobernación, instituciones que en conjunto tienen por objetivo garantizar la legalidad y transparencia del proceso.”

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