UIF expone red de lavado y corrupción tras sentencia contra García Luna y su esposa

La reciente sentencia emitida en Florida contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, confirma la existencia de una compleja red de corrupción y lavado de dinero que operó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así lo aseguró Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien calificó esta trama como parte de la continuidad de un “Estado corrupto que viene de los años 50”.

Durante su participación en la conferencia matutina del Gobierno federal, Gómez subrayó que esta resolución representa una oportunidad histórica para comprender a fondo cómo operaban las estructuras de corrupción en el país. “Es muy relevante conocer la historia de una trama corrupta, como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultas”, afirmó.

El funcionario detalló que al menos 15 empresas están siendo investigadas por su participación en el esquema de lavado de dinero, y señaló que una parte de los recursos desviados se destinó a campañas políticas. “Nosotros tenemos 15 empresas que participaron de primero o segundo nivel en este esquema de lavado. Estamos hablando, para estas empresas, de cien millones de dólares”, puntualizó.

Gómez también denunció que mientras en Estados Unidos se dictó una sentencia para que García Luna y su esposa paguen 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares al Estado mexicano, en México un tribunal otorgó un amparo a Pereyra para seguir utilizando el sistema financiero nacional. “Pero esto lo vamos a resolver pronto”, advirtió.

“La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018”, agregó Gómez, al referirse al contexto político que permitió el desarrollo de estas redes.

Adelantó que la jueza Lisa Walsh, responsable de la sentencia en Florida, próximamente emitirá otra resolución en contra de empresas involucradas en el traslado de recursos a un banco ubicado en Barbados, conocido por ser un centro de lavado de dinero. Gómez no descartó que algunas de estas empresas lleguen a acuerdos legales o que el caso se resuelva mediante un nuevo juicio con jurado.

En cuanto a los procesos en territorio nacional, aseguró que continúan abiertos contra varios implicados, y reafirmó que se busca comprobar el uso de estos recursos en campañas políticas. “Parte de ese dinero fue a dar a campañas políticas y lo vamos a demostrar. Hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión”, señaló. También reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República, que “ha puesto todo su empeño” en el caso.

Durante la conferencia, tanto Gómez como la presidenta Claudia Sheinbaum reconocieron a Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, por haber impulsado la denuncia en su gestión como secretaria de Seguridad. “Honor a quien honor merece, porque ésta es una denuncia que se puso en el periodo del presidente López Obrador y que desarrolló Rosa Icela Rodríguez”, subrayó.

Gómez explicó que la demanda civil contra García Luna y Pereyra fue interpuesta en 2021 e incluyó a seis cómplices y 44 empresas internacionales por contratos otorgados entre 2009 y 2018 a través de instancias como la Policía Federal, el CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

A través del entramado empresarial del Grupo Weinberg, liderado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, García Luna obtuvo contratos por más de 727 millones 923 mil dólares y 528 millones 26 mil pesos. De esos montos, se pagaron efectivamente 625 millones 188 mil dólares y 93 millones 866 mil pesos.

El titular de la UIF reveló que hasta el momento el gobierno federal ha recuperado cerca de 2.5 millones de dólares en bienes relacionados con este caso. Precisó que, inicialmente, a García Luna se le demandó por 250 millones de dólares, mientras que a su esposa se le reclamaron 580 millones. “La sentencia de ayer se refiere a tres veces los 250 millones de dólares que fueron demandados a García Luna y los mil 740 millones de dólares que se le impusieron a Linda Cristina Pereira”, concluyó.