La Suprema Corte de Justicia de la Nación valida extinción de 109 fideicomisos y descarta invasión a estados
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó este lunes el decreto del 6 de noviembre de 2020 que eliminó 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo Metropolitano. Con ello, la Corte desechó las impugnaciones presentadas por ocho gobernadores de oposición, al concluir que la medida no vulneró las facultades de los estados ni el pacto federal.
La desaparición de estos instrumentos financieros fue promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y permitió al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos.
Por unanimidad, el Pleno aprobó ocho proyectos del ministro Arístides Guerrero García y declaró infundadas las controversias presentadas por los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán. La Corte determinó que el decreto únicamente modificó la forma de colaboración federal con las entidades, sin limitar sus atribuciones constitucionales.
“Se sostiene que las demandas plantearon argumentos genéricos sobre la consideración de las bondades que pudieran tener los fondos y fideicomisos, pero en ningún momento pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, planteó el ponente.
Aunque el Pleno no se pronunció sobre la constitucionalidad de cada fideicomiso, sí enfatizó que la eliminación de estos instrumentos no restringe las facultades de los estados.
El ministro Guerrero García presentó además una línea del tiempo de las controversias y criticó que la Corte anterior mantuviera los asuntos archivados por más de cuatro años sin resolución, pese a que su trámite comenzó en 2021.
“No caeré en la narrativa si la anterior Corte fue bueno o fue mala, pero sí quiero decir de manera muy clara: fue muy irresponsable, fue muy irresponsable porque fueron cuatro años en donde se cerro la instrucción”, agregó.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que el esquema de concentración de recursos de los fideicomisos permitió un manejo discrecional y poco transparente de los recursos públicos, en posible contravención del artículo 134 constitucional. Indicó que la Auditoría Superior de la Federación detectó deficiencias graves, incluyendo falta de rendición de cuentas, confidencialidad excesiva, ineficiencia, irregularidades, desvíos y distribución inequitativa de recursos.
“Los fideicomisos fueron utilizados para evitar la transparencia del ejercicio de recursos de nuestra nación, de ahí que sea correcto reconocer la validez del decreto impugnado mediante el cual se eliminó este tipo de fondos y fideicomisos públicos conforme al principio de rectoría del estado y en armonía con los artículos 40 y 124 de nuestra Constitución”, concluyó.
