FGR impulsa reformas para abrir acción penal a particulares y tipificar nuevos delitos federales
La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en un conjunto de reformas constitucionales y legales que busca transformar el sistema procesal penal en México. Las propuestas incluyen permitir que cualquier persona o institución pueda solicitar directamente a los jueces el inicio de un proceso penal, sin intermediación del Ministerio Público, además de establecer nuevos tipos penales como el desplazamiento y el reclutamiento forzado.
Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), detalló en entrevista con La Jornada que “el marco normativo actual tiene bastantes deficiencias tanto en lo sustantivo como en lo procesal, y por eso la fiscalía se ha abocado a hacer proyectos normativos para tratar de que sea eficiente, funcional y cumpla los objetivos”.
Indicó que ya se presentaron propuestas de reforma a Ricardo Monreal y a la consejera jurídica Ernestina Godoy, las cuales abarcan cerca de 21 ordenamientos, incluyendo la Constitución y leyes secundarias.
Uno de los cambios busca modificar el régimen de extinción de dominio, al proponer que también se consideren como parte del tipo penal las figuras de objeto e instrumento del delito. Actualmente, solo se permite actuar en casos de abandono o decomiso, lo que limita la recuperación de bienes provenientes de actividades ilícitas. “Los jueces son muy reacios a declarar el abandono y el decomiso, por lo que deberíamos avanzar en buscar mayor impacto en la riqueza patrimonial de las organizaciones delictivas”, señaló Castillo.
Respecto al tráfico de armas, el funcionario explicó que el tipo penal actual es insuficiente, ya que los delincuentes suelen retirar piezas clave, como el percutor, para que las armas no funcionen y así evadir la ley. “Entonces, aunque los detengas y los quieras procesar, no es delito”.
También se pretende modificar la Ley de Migración. Actualmente, para procesar a una persona por tráfico de migrantes, debe demostrarse que actuó con ánimo de lucro y para evadir una revisión migratoria. Sin embargo, la Suprema Corte ha determinado que el Instituto Nacional de Migración (INM) solo puede realizar estas revisiones en puertos de entrada. “Aunque llevamos a los detenidos al juez de control, nos dicen que no se puede porque el INM no tiene facultades. Y si la acción la hizo la Guardia Nacional, tampoco tiene facultades para eso, y por lo tanto, no hay delito”.
Castillo adelantó que la FGR también trabaja en una propuesta de leyes secundarias al Código Penal Federal, para incluir delitos que actualmente no existen en el ámbito federal, como el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado.
Sobre la extorsión, dijo que ya no debe considerarse únicamente como un delito patrimonial. “Todos sabemos que ya no es un tema nada más de patrimonio, sino que hay afectación a la seguridad de las personas, estamos buscando que se convierta en un delito tipo secuestro y que las penas y los supuestos se incrementen”.
Finalmente, mencionó que el fiscal Alejandro Gertz Manero prepara un proyecto para ampliar la figura de acción penal por particulares. “Para que puedan directamente ir a un juez de control, y de esa manera combatir también la consideración de que nosotros somos, digamos, el tapón”.
