Harfuch critica a jueces por liberar a más de 100 presuntos delincuentes con decisiones “alarmantes”
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció este jueves que entre 2024 y mayo de 2025 se han emitido 193 resoluciones judiciales que han beneficiado o intentado beneficiar a personas procesadas por delitos graves, lo que ha derivado en la liberación de más de 100 presuntos delincuentes.
Durante la conferencia matutina, detalló que estas determinaciones han resultado en 164 egresos por cambio de medida cautelar, dos egresos definitivos y 27 traslados a otros centros penitenciarios, en muchos casos sin cumplir con las formalidades del proceso.
“Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, sin que se cumplieran con las formalidades del proceso”, indicó.
Señaló que, pese a que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social consideró no viables los traslados, estos se llevaron a cabo, incluso cuando los reclusos estaban procesados por delitos como secuestro, homicidio, privación ilegal de la libertad y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
“Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad”, explicó.
García Harfuch dio a conocer los nombres de algunos jueces responsables de estas resoluciones. Destacó al juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien, aseguró, ha facilitado la liberación de personas procesadas por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción.
Ejemplificó con el caso del egreso de Gerardo Ponce Alaniz, identificado como líder del Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, bajo prisión preventiva. Días después, se realizó un operativo en ese penal en el que se aseguraron armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y otros objetos.
El juez Salazar también habría ordenado la libertad de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, en enero de 2023; y en marzo de 2024 dictó auto de no vinculación a proceso para Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, presunto operador del Cártel del Golfo. En noviembre de 2024 revocó la prisión preventiva de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, también vinculado a dicho cártel.
Entre los jueces que autorizaron traslados destaca Silvestre Peña Crespo, con cinco resoluciones en casos de secuestro, corrupción de menores y otros delitos graves. En cuanto a los cambios de medida cautelar, sobresale Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15.
El secretario aseguró que de octubre de 2024 a abril de 2025 se liberaron 26 personas vinculadas con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Zetas, Familia Michoacana y Los Rojos. Entre ellos, José Alonso “N”, colaborador de Kevin “N”, alias “200”, jefe de seguridad de Los Chapitos, quien fue detenido en febrero pero no vinculado a proceso por decisión judicial.
“Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, expresó.
Finalmente, sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, informó que en los primeros siete meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han detenido a más de 20 mil personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 154 toneladas de droga y más de 10 mil armas de fuego.
