Sinaloa endurece penas por “halconeo” y amplía definición del delito en su Código Penal
El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad una reforma al artículo 293 Bis del Código Penal del estado, con la cual se tipifica de manera más precisa el delito de “halconeo”, y se endurecen las sanciones para quienes participen en actos de espionaje o vigilancia en contra de autoridades de seguridad pública, particularmente cuando se involucre a personas en situación de vulnerabilidad.
Con 31 votos a favor, la 65ª Legislatura avaló el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, el cual considera delito el seguimiento, acecho o vigilancia de servidores públicos con fines ilícitos, así como el uso de medios tecnológicos para recabar o transmitir información sobre operativos, movimientos o ubicaciones de cuerpos de seguridad. La reforma también incluye como agravante el uso de menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad en la comisión del delito.
Geraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, explicó que la reforma responde a una “realidad alarmante”, en referencia a los métodos cada vez más sofisticados empleados por el crimen organizado para obstaculizar el trabajo de las instituciones de seguridad pública. Con esta modificación, afirmó, se fortalece el marco legal del estado para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia organizada.
Desde 2013, el delito de halconeo ya estaba previsto en la legislación penal estatal, con penas de entre 4 años y 6 meses hasta 15 años de prisión, además de multas de hasta 2 mil días de salario. Con la nueva redacción, las penas podrán duplicarse si se comprueba la participación de personas en condición de vulnerabilidad.
El Congreso destacó que la medida se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal, al reforzar la cooperación entre autoridades estatales y federales, y al priorizar la protección de la ciudadanía frente al uso indebido de tecnología y la instrumentalización de grupos vulnerables.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores María Teresa Guerra, Arely Ruiz y Eligio López Portillo, del grupo parlamentario de Morena.
