El Senado de la República aprobó, con una mayoría calificada de 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, el nombramiento de 56 magistradas y magistrados electorales para 30 entidades federativas.
La decisión fue tomada tras retomar los trabajos de la sesión ordinaria y avalar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el nombramiento. Para esta votación, la Secretaría de la Mesa Directiva informó que se entregaron 121 cédulas de votación, mientras que las 7 no entregadas fueron mantenidas a la vista, siguiendo la indicación del presidente Gerardo Fernández Noroña.
Una vez contabilizados los votos, Fernández Noroña leyó los nombres de los 56 magistrados electos para el periodo de siete años. A continuación, algunos de los nombramientos más destacados:
- Aguascalientes: Ricardo López Castañeda y Óscar Guillermo Montoya Contreras.
- Baja California: Graciela Amezola Canseco.
- Ciudad de México: José Jesús Hernández Rodríguez, Laura Patricia Jiménez Castillo, Karina Salgado Lunar, y Osiris Vázquez Rangel.
- Estado de México: Arlén Siu Jaime Merlos, Selene Guadalupe López Espinoza, y Héctor Romero Bolaños.
- Jalisco: Manuel Rodríguez Murillo, Marcela Zárate Llamas, y Brenda Judith Serafín Morfín.
- Veracruz: Gilberto Constituyente Salazar Ceballos.
Además, el senador Gerardo Fernández Noroña tomó protesta a 51 de los 56 magistrados electos. Los que no estuvieron presentes serán convocados a sesiones futuras para rendir la protesta correspondiente.
Durante el debate, María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora del PAN, expresó su preocupación por la idoneidad de algunas personas evaluadas, señalando que muchas no cuentan con la capacitación adecuada en perspectiva de género ni en materia electoral.
Por su parte, Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI, hizo un llamado a los legisladores de la mayoría a emitir su voto de manera libre y digna, destacando la importancia de cumplir con los compromisos hechos ante el pueblo de México.
Finalmente, Clemente Castañeda Hoeflich, senador de MC, advirtió que la aprobación de estos nombramientos compromete el futuro democrático de las entidades federativas, considerando que las hegemonías son perjudiciales y criticando la falta de evaluación adecuada de los perfiles propuestos.
