UIF denuncia intervención del Poder Judicial en el desbloqueo de cuentas congeladas por lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que desde el 1 de diciembre de 2018 se han bloqueado cuentas bancarias por un total de 32 mil 531 millones de pesos en casos relacionados con corrupción y lavado de dinero. No obstante, resoluciones del Poder Judicial han permitido el desbloqueo de 23 mil 575 millones de pesos a través de juicios de amparo promovidos por los presuntos responsables.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó estas resoluciones y las calificó como un reflejo de la corrupción dentro del Poder Judicial. Señaló que los bloqueos de la UIF responden a la detección de recursos de origen ilícito y que la liberación de cuentas sin un proceso judicial de fondo beneficia a quienes cometen delitos financieros o tienen vínculos con la delincuencia organizada.
“Cuando se demuestra que hay corrupción detrás de delitos de cuello blanco o crimen organizado y aun así se desbloquean cuentas, no tiene otro nombre más que corrupción”, afirmó Sheinbaum, agregando que esta situación refuerza la necesidad de una transformación en el Poder Judicial.
Por su parte, Gómez detalló que desde diciembre de 2018, la UIF ha incluido en su lista de personas con cuentas bloqueadas a 5 mil 904 individuos y mil 911 empresas, sumando un total de 7 mil 815 sujetos. Sin embargo, hasta el momento, 910 personas físicas y 360 empresas han sido eliminadas de la lista.
El funcionario criticó que los jueces autoricen el descongelamiento de cuentas con suspensiones provisionales, sin un juicio de fondo, lo que permite que personas acusadas de lavado de dinero recuperen sus recursos sin mayores consecuencias. “Esto no es producto de errores judiciales aislados, sino de estructuras de corrupción. No hay otra explicación para que todos los jueces actúen de la misma manera en estos casos”, sostuvo.
Ante esta problemática, Sheinbaum anunció que su gobierno presentará nuevas iniciativas ante el Congreso para fortalecer los mecanismos de control financiero y evitar que recursos de origen ilícito sigan circulando libremente. Gómez subrayó que México, por su cercanía con Estados Unidos, enfrenta un alto riesgo de lavado de dinero y necesita un sistema de vigilancia más sólido para frenar estas operaciones.
“México tiene una intensa actividad comercial con EE.UU. y enfrenta problemas serios de narcotráfico y crimen organizado. Combatimos la corrupción, pero el lavado de dinero sigue siendo la herramienta clave para estas actividades. El Poder Judicial, en lugar de apoyar este esfuerzo, se ha convertido en el principal obstáculo”, advirtió.
Gómez presentó su informe en el contexto del caso de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, acusados de obtener grandes sumas de dinero mediante contratos fraudulentos en el sistema penitenciario. Según el funcionario, ambos huyeron a Estados Unidos cuando comenzaron las investigaciones en su contra.
“Han logrado evadir la justicia, pero esperamos que sean extraditados para que enfrenten sus responsabilidades en tribunales mexicanos. Sus cuentas fueron desbloqueadas sin un juicio de fondo, y como ellos, hay cientos de personas que han sido beneficiadas por decisiones judiciales similares”, concluyó Gómez.
