Historia de cómo César Duarte cooptó a la hoy gobernadora y al PAN con dinero público. Y cómo ella paga el favor al magistrado que revocó su vinculación a proceso.
El 1 de abril de 2021, el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, dictó un auto de vinculación a proceso penal por el delito de cohecho en consumación continuada, en contra de María Eugenia Campos Galván.
- La entonces alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura fue acusada por el Ministerio Público de haber recibido ilegalmente 9 millones 267 mil pesos por parte de César Duarte Jáquez, entre 2014 y 2015, cuando él era gobernador y ella diputada local.
- Los pagos correspondían a lo que se conoció como “nómina secreta”, con la que Duarte Jáquez cooptó a más de 100 actores políticos, del sector privado, periodistas, de la Iglesia y líderes sindicales entre otros, para comprar su silencio y complicidad transexenal.
- La acusación contra Campos Galván formó parte de la Operación Justicia para Chihuahua, que se llevó a cabo durante la administración de Javier Corral como gobernador.
Detalles: En la causa penal 2821/2020, la Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación con más de 16 mil cuartillas, 16 tomos y cinco discos compactos, con evidencias y testimonios contundentes contra Campos Galván y sus compañeros de Legislatura.
- El Ministerio Público documentó que Campos Galván recibió entre 2014 y 2015, en pagos mensuales, 7 millones de pesos de dinero en efectivo, mediante 25 entregas, por los cuales firmó recibos simples.
- Un millón 180 mil pesos “extras” de dinero en efectivo, mediante 7 exhibiciones.
- El pago de 20 mil pesos de su tarjeta de crédito Bancomer Visa 4772143939003014.
- Un millón 067 mil 200 pesos a favor de su hermano Manuel Campos Galván, mediante 19 transferencias y depósitos bancarios.
- De cada una de las 52 transacciones y entregas hubo soporte documental que nunca desacreditó la defensa y las cuales valoró el juez para conceder la vinculación a proceso.
Revocación y premio: El 7 de septiembre de 2021, el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, titular de la Tercera Sala Penal del Poder Judicial del Estado, revocó el auto de vinculación a proceso y dejó sin efecto las medidas cautelares, como la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país.
- Al día siguiente, Campos Galván rindió protesta como gobernadora.
- Cuatro años después, la hoy gobernadora Campos Galván pagó el favor al magistrado.
- La gobernadora panista incluyó a Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, esposa de Juan Carlos Carrasco Borunda en la lista de candidatos del Poder Ejecutivo para participar en la elección del Poder Judicial el 1 de junio de 2025.
¿Por qué es importante? La gobernadora Campos Galván está manipulando a la justicia en Chihuahua para limpiar su imagen como beneficiaria de la red de corrupción de César Duarte y exonerar al exgobernador junto con sus cómplices.
- Tiene el control del Ministerio Público en Chihuahua, es decir, de la facultad de imputar delitos penales, mediante la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
- Los entes están a cargo de César Jáuregui Moreno y de Abelardo Valenzuela Holguín, ambos afines y operadores políticos de la gobernadora.
- En contraste, es omisa en garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia y en investigar y sancionar los feminicidios, así como la violencia contra el sexo femenino en todos sus tipos penales.
Antecedentes: El 1 de abril de 2021, el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza, dictó un auto de vinculación a proceso penal en contra de María Eugenia Campos Galván por el delito de cohecho.
- También vinculó a proceso a los exdiputados locales María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa por el mismo delito.
- El Ministerio Público acusó a Campos Galván de solicitar y recibir 9 millones 267 mil pesos, entre 2014 y 2015, por parte del entonces gobernador César Duarte Jáquez, cuando era diputada local del PAN.
- El exdiputado priista Rodrigo de la Rosa Ramírez fue acusado de recibir 2 millones 500 mil pesos.
- La exdiputada del PVEM fue acusada de recibir 3 millones 457 mil pesos de la nómina secreta de César Duarte.
No es leyenda urbana: César Duarte Jáquez repartió más de mil millones de pesos del erario de Chihuahua para cooptar y comprar el silencio de al menos 100 actores políticos, sociales, empresariales, religiosos y de medios de comunicación, con el propósito de ocultar la corrupción de su gobierno.
- El caso fue conocido como la “nómina secreta”.
- El desvío de recursos públicos dejó de investigarse al iniciar la administración de María Eugenia Campos Galván, quien estaba incluida entre los beneficiarios de la nómina.
- Al menos 11 receptores confesaron que cobraron ilegalmente recursos del erario durante el gobierno de Duarte Jáquez, por lo que se acogieron a la figura legal de “criterio de oportunidad” ante el Ministerio Público.
- Significa que aceptaron la comisión del delito, devolver el dinero y ser testigos colaboradores del Ministerio Público. Entre ellos:
- Javier Contreras Orozco, exdirector del periódico El Heraldo de Chihuahua y actual director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, quien devolvió $10 millones de pesos.
- Armando Cabada Alvídrez, exalcalde de Ciudad Juárez y actual diputado federal por Morena, quien regresó $4.3 millones de pesos.
- Fernando Reyes Ramírez, ex diputado local por Movimiento Ciudadano, devolvió $2.4 millones de pesos.
- Hortensia Aragón Castillo, ex diputada local y ex presidenta estatal del PRD, devolvió $2 millones de pesos.
El mecanismo: Entre 2012 y 2015, el entonces gobernador Duarte Jáquez instruyó a varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal a efecto de que distrajeran recursos públicos para sus fines personales y políticos.
- De las cuentas bancarias de la Secretaria de Hacienda destinadas al gasto operativo y al pago de nómina de empleados estatales, se emitían mensualmente cheques de 5 a 20 millones de pesos.
- Las operaciones de triangulación consistían en el depósito de los cheques al Servicio Panamericano de Protección, que se cambiaban por efectivo.
- La empresa de traslado de valores hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas de la Tesorería estatal y los responsables de esa operación eran instruidos de resguardar el efectivo en la bóveda y efectuar entregas de éste a múltiples personas de su interés.
Antecedentes: En abril de 2017, la Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia sobre la existencia de la así llamada “nómina secreta”, por parte de la Secretaría de Hacienda estatal.
En mayo de 2017 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, tras encontrar que en dichas irregularidades detectadas, había actos que constituían posibles delitos penales.
La dependencia registró así los primeros 470 recibos que firmaron 34 personas, como parte de la así llamada “nómina secreta”, cuyo monto asciende a $172 millones 633 mil pesos, tan solo entre 2012 y 2015.
La lista de receptores incluye diputados locales y federales de distintos partidos políticos, candidatos, dirigentes y operadores políticos, locales y nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, al igual que parientes y amigos del exgobernador.
La SFP inició procedimientos administrativos en contra de 14 exfuncionarios, quienes fungieron como receptores o emisores de pagos por $45 millones de pesos.
Los 20 casos restantes, de los detectados por la SFP, correspondían a otra instancia legal por no ser funcionarios estatales.
Con información de ZONAFREE
