Trump avanza en su plan para desmantelar la educación pública y restringir la autonomía universitaria
El expresidente Donald Trump ordenó el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, en una de sus acciones más radicales para reformar el sistema educativo bajo su agenda conservadora. La orden, firmada en la Casa Blanca, busca reducir la intervención federal en la enseñanza y devolver el control a los gobiernos estatales y locales.
La medida instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a facilitar el cierre de la dependencia, aunque su eliminación total requeriría la aprobación del Congreso. Sin embargo, la administración de Trump ya ha tomado acciones drásticas: ha despedido a la mitad del personal, cancelado contratos y suspendido programas clave que beneficiaban a estudiantes con discapacidad, apoyaban la reducción de grupos escolares y promovían la equidad racial. Además, la incertidumbre se extiende a millones de universitarios, pues el Departamento de Educación gestiona los préstamos estudiantiles, que actualmente acumulan una deuda de 1.5 billones de dólares.
Desde su campaña, Trump ha criticado lo que considera un adoctrinamiento ideológico en las escuelas, acusándolas de promover valores “antiestadounidenses”. Su administración ha impulsado la “opción escolar”, un modelo que permite redirigir fondos públicos a instituciones privadas, lo que ha sido señalado como un intento de privatizar la educación.
Recortes financieros y control en universidades
Las universidades también han sido blanco de esta ofensiva. Instituciones de prestigio como Harvard, Yale, Columbia y la Universidad de Pensilvania enfrentan recortes en financiamiento federal si no eliminan programas de diversidad e inclusión, adoptan medidas más estrictas contra el antisemitismo y permiten mayor supervisión gubernamental en sus planes de estudio.
Entre las medidas más severas, la administración de Trump canceló 400 millones de dólares en fondos a la Universidad de Columbia, afectando investigaciones médicas y científicas. Para recuperar parte del presupuesto, la institución deberá aceptar que la Casa Blanca controle su departamento de estudios sobre Medio Oriente, Sur de Asia y África durante los próximos cinco años.
Otras universidades también enfrentan restricciones. La Universidad de Pensilvania podría perder 175 millones de dólares por sus políticas sobre atletas transgénero, mientras que decenas de otras instituciones están bajo revisión por sus normas de inclusión. Ante la presión, algunas han optado por recortes internos. La Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, anunció la eliminación de 2,000 empleos debido a la pérdida de fondos federales.
Analistas citados por The New York Times advierten que la intervención gubernamental en la estructura académica de universidades privadas no tiene precedente en Estados Unidos. La comunidad educativa observa con atención el caso de Columbia, cuya administración tiene hasta hoy para responder al ultimátum de la Casa Blanca.
