Falta de transparencia y omisiones en el informe del INM sobre desalojo de campamento migrante en Chihuahua
El Instituto Nacional de Migración (INM) presentó un informe sobre el operativo realizado el 18 de enero en un campamento migrante de Chihuahua, en el cual aseguró haber detenido a 11 personas de nacionalidad venezolana, incluyendo seis menores de edad. Sin embargo, el documento no menciona el incendio ocurrido durante el procedimiento ni proporciona una cifra estimada de los migrantes presentes en el lugar, que según cálculos extraoficiales rondaban los 150.
La información obtenida a través de la Plataforma de Transparencia también contradice los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la cual reportó la detención de 39 migrantes, entre ellos 17 menores de edad. Además, se identificó que algunos de los detenidos no formaban parte del campamento ubicado en el bulevar Juan Pablo II.
Demoras en la entrega de información y reserva de datos clave
El INM entregó el acta circunstanciada del operativo el último día del plazo de prórroga, casi un mes y medio después de la solicitud. En el documento, la institución reservó por cinco años los nombres de los agentes federales involucrados, argumentando que su identificación podría representar un riesgo para su seguridad. Asimismo, se ocultaron los datos de los migrantes verificados y de los testigos.
El operativo, llevado a cabo a la medianoche del 18 de enero, estuvo encabezado por Beatriz Fabián Arbayo, jefa del Departamento de Verificación Migratoria del INM en Chihuahua. En él participaron 38 agentes del INM, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Protección Civil, Bomberos y el Servicio de Emergencia.
Ausencia de organismos de derechos humanos y deficiencias en el procedimiento
El informe confirma que no hubo presencia de organismos de derechos humanos durante la diligencia, a pesar de que diversas organizaciones habían denunciado previamente su exclusión del operativo. En su lugar, solo se contó con dos testigos designados por la copropietaria del predio donde se encontraba el campamento.
Según el acta circunstanciada, la verificación migratoria se realizó en un inmueble de la colonia Industrial Robinson, donde la propietaria permitió el acceso de los agentes. Los migrantes detenidos fueron trasladados a un centro de “rescate” en la misma ciudad para resolver su situación migratoria, aunque el informe no detalla qué ocurrió con el resto de las personas desalojadas ni las condiciones en las que quedaron tras el operativo.
