El poder judicial de Argentina suspendió este martes el decreto presidencial de Javier Milei que tenía como objetivo convertir el Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. El fallo de la Justicia consideró que el decreto excedía las atribuciones del Ejecutivo y constituía una privatización encubierta de la entidad financiera más grande del país.
La decisión judicial se basa en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Bases, que establece que el BNA no puede ser privatizado. Esta legislación, que entró en vigor en agosto pasado, protege a empresas estratégicas estatales como Aerolíneas Argentinas y YPF de cualquier intento de privatización.
El bloqueo del decreto llega en un momento crítico para el presidente Milei, cuya gestión enfrenta serias dificultades económicas y políticas, además de la creciente controversia por la criptomoneda $Libra, que se ha convertido en una estafa de gran escala. También, las investigaciones judiciales siguen sumando casos que involucran a miembros cercanos a su administración, incluido su hermana Karina Milei.
Los analistas locales sugieren que el presidente está acelerando medidas que podrían ser perjudiciales para el país, ante la posibilidad de que deba abandonar el poder. Por su parte, el líder del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo, celebró el fallo, indicando que el BNA está claramente excluido de la lista de empresas a privatizar, según la Ley Bases.
El juez federal Alejo Ramos Padilla subrayó que el decreto de Milei podría haber excedido los límites establecidos por el Congreso, al delegar facultades del Legislativo al Ejecutivo, lo que contraviene la Constitución.
El BNA tiene un rol crucial en la economía argentina, con el 18% de los depósitos privados y el 50% de los depósitos públicos, además de contar con una extensa red de 658 sucursales en todo el país.
En paralelo, el presidente Milei nombró por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para cubrir vacantes en la Corte Suprema. Esta decisión fue tomada tras no lograr la aprobación de estos nombramientos en el Congreso y en medio del escándalo relacionado con la criptomoneda. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la medida, argumentando que el máximo tribunal no podía operar con solo tres miembros.
