Mexicanos Contra la Corrupción pierde beneficios fiscales: el millonario esquema detrás de su financiamiento
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la organización fundada por el empresario Claudio X. González Guajardo, ha perdido una de sus principales ventajas financieras luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocara su autorización como donataria, impidiendo que sus aportantes puedan seguir deduciendo impuestos por sus donaciones.
Durante ocho años, este beneficio le permitió a MCCI recibir al menos 300 millones de pesos de grandes empresarios, quienes, bajo el esquema de “donativos”, reducían su carga fiscal mientras financiaban a la organización. Entre los principales aportantes figuran miembros del Consejo Mexicano de Negocios, como Claudio X. González Laporte, Germán Larrea y Alejandro Ramírez, quienes utilizaron este mecanismo para inyectar recursos sin afectar directamente sus finanzas.
La revocación, efectiva desde el 14 de enero de 2025, se suma al cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que entre 2018 y 2024 transfirió al menos 96 millones de pesos a MCCI. Con esto, la organización pierde dos de sus mayores fuentes de financiamiento.
El esquema de MCCI también benefició a sus directivos. Su fundador y primer presidente, Claudio X. González, se asignó un salario de más de 300 mil pesos mensuales, mientras que su actual presidenta, María Amparo Casar, ha llegado a percibir hasta 476 mil pesos al mes.
El SAT detalló que la revocación de MCCI forma parte de un programa de supervisión que entre 2023 y 2024 llevó a la cancelación de beneficios fiscales para 784 organizaciones. La medida no impide que la organización reciba financiamiento, pero sí que sus patrocinadores puedan deducirlo de impuestos.
Con este ajuste, queda en evidencia cómo MCCI operó bajo un esquema de financiamiento privilegiado, donde grandes empresarios no solo sostenían a la organización, sino que además recibían beneficios fiscales mientras esta se presentaba como un actor independiente en la lucha contra la corrupción.
