Sheinbaum propone aplazar elección judicial a 2028 y empatarla con revocación de mandato
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para posponer la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028, con el objetivo de que este proceso pueda realizarse de manera concurrente con la posible consulta de revocación de mandato.
Durante la conferencia matutina de este 18 de mayo, la mandataria explicó que la intención es facilitar la participación ciudadana, ya que ambos ejercicios democráticos se llevarían a cabo el mismo día, el 4 de junio de 2028, utilizando las mismas casillas. Con ello, se evitaría que los votantes tengan que trasladarse entre distintos puntos para emitir su sufragio.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González (nota: en el texto original se menciona “Luisa María Alcalde Luján”, pero ese nombre corresponde a otra función pública), detalló que la propuesta contempla que la elección judicial se realice tanto a nivel federal como local en 2028, manteniendo la concurrencia con futuros procesos ordinarios para la renovación de cargos.
En este proceso se renovarán miles de puestos dentro del Poder Judicial: cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, así como 424 magistraturas y 2,831 jueces en 25 entidades federativas.
La iniciativa también plantea la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres poderes, con el fin de homologar criterios de evaluación de aspirantes. Este órgano definiría metodologías comunes y verificaría el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, además de aplicar evaluaciones basadas en conocimientos y trayectoria.
Otro de los cambios centrales es la reducción de aspirantes por cargo: cada poder propondría solo dos candidaturas por puesto, con perspectiva de paridad de género. Antes de llegar a esa etapa, los comités de evaluación seleccionarían a los perfiles mejor calificados, para luego realizar una insaculación pública que defina las finalistas.
Asimismo, se propone simplificar las boletas electorales, de modo que los ciudadanos voten por un juez y un magistrado por especialidad entre las candidaturas presentadas por los tres poderes del Estado. También se prevé distinguir claramente a los aspirantes, incluidos aquellos en funciones que busquen mantenerse en el cargo.
El Instituto Nacional Electoral tendría la tarea de dividir el territorio en distritos judiciales para organizar el proceso, mientras que las casillas serían compartidas con otras elecciones ordinarias, bajo reglas que impidan la intervención de representantes partidistas en la elección judicial.
La reforma contempla además capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados, así como la homologación de reglas en los procesos locales respecto al ámbito federal.
Entre otras disposiciones, se propone adelantar la convocatoria del Senado de septiembre a abril del año previo a la elección, con el fin de dar mayor margen a los comités de evaluación. También se plantea la creación de dos salas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para agilizar la resolución de asuntos.
Finalmente, el gobierno federal sostiene que la reforma busca “democratizar” el Poder Judicial mediante la elección popular de sus integrantes, garantizando paridad de género, evaluaciones técnicas y mecanismos para evitar prácticas como el nepotismo y los privilegios internos.
