Yoon Suk-yeol pierde el poder tras decreto fallido de ley marcial; Corea del Sur se encamina a elecciones anticipadas
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue oficialmente destituido este viernes 4 de abril por el Tribunal Constitucional del país, tras su polémica decisión de declarar la ley marcial en diciembre pasado. La resolución judicial, adoptada de manera unánime por los ocho magistrados, obliga a convocar elecciones presidenciales extraordinarias en un plazo máximo de 60 días.
Yoon había sido suspendido de sus funciones desde hacía más de tres meses, luego de que la Asamblea Nacional aprobara una moción de destitución por su decreto del 3 de diciembre, que ordenó el despliegue de fuerzas militares y policiales en el Congreso. Aunque la medida fue anulada en cuestión de horas por los propios legisladores, generó una ola de indignación nacional por sus reminiscencias a los regímenes autoritarios del pasado.
La decisión de enviar tropas al recinto legislativo fue percibida por muchos como un intento de obstaculizar el voto para anular su decreto. Algunos altos mandos militares y policiales confirmaron ante el tribunal que Yoon instruyó la remoción de legisladores y, en algunos casos, su detención. El expresidente, sin embargo, defendió su accionar como una forma de “advertir al pueblo” sobre las acciones del Partido Demócrata, al que acusó de sabotear su administración.
El ahora exmandatario se convirtió en el primer presidente en la historia de Corea del Sur en ser arrestado mientras estaba en funciones. Aunque la ley nacional otorga inmunidad presidencial en la mayoría de los casos penales, esta excepción no se aplica a delitos graves como la rebelión o la traición.
El 7 de marzo, un tribunal ordenó su liberación para que enfrente en libertad el juicio correspondiente por los cargos de rebelión. Esta decisión judicial, no obstante, no impidió el avance del proceso de destitución constitucional.
La salida de Yoon Suk-yeol del poder abre un nuevo capítulo en la historia política del país asiático, marcado ahora por una transición que deberá resolverse en las urnas en los próximos dos meses.
