Varios estados de Estados Unidos, como Tennessee, Indiana y Texas, están impulsando leyes para restringir el acceso de niños migrantes en situación irregular a las escuelas públicas. Estas medidas se enmarcan dentro de un endurecimiento de la política migratoria bajo la administración de Donald Trump, cuyo enfoque ha llegado a afectar a los menores de edad. Desde su primer mandato, Trump ha implementado políticas antimigratorias, como el refuerzo de seguridad en la frontera con México y las redadas en lugares previamente protegidos por la ley, como iglesias y escuelas.
Redadas migratorias en escuelas e iglesias
Trump autorizó recientemente redadas migratorias en estos lugares, lo que ha generado un fuerte debate. Mientras algunas ciudades, como Denver, demandan para evitar que estas redadas se realicen en distritos escolares, otros estados, como Tennessee e Indiana, están tomando medidas para implementar restricciones más estrictas.
Propuestas en Tennessee e Indiana
En Tennessee, los legisladores republicanos han respaldado una propuesta que permitiría a los distritos escolares locales rechazar la matrícula de niños sin estatus legal. William Lamberth, representante de Tennessee, comentó: “Las comunidades de Tennessee no deben tener que sufrir ni pagar cuando el Gobierno federal no asegura nuestras fronteras”. Además, el Gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó una ley que permite que los estudiantes, excepto aquellos sin papeles, reciban ayuda económica para asistir a escuelas privadas.
Por su parte, en Indiana, un proyecto de ley busca autorizar a los distritos escolares a negar la inscripción a estudiantes indocumentados. Esta ley también obligaría a las escuelas a informar sobre el número de estudiantes sin papeles, su tasa de asistencia y si reciben clases de inglés o bilingüismo. Además, establecería que el fiscal general del estado debería defender a las escuelas ante posibles demandas.
Propuestas similares en otros estados
En Texas, un proyecto de ley similar requeriría que los distritos escolares contabilicen a los estudiantes indocumentados a partir del próximo ciclo escolar, con el fin de solicitar al gobierno federal el reembolso de los costos asociados con la matrícula de estos estudiantes. En Oklahoma, el superintendente estatal, Ryan Walters, propuso que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al momento de la inscripción. Aunque esta medida no prohibiría la matrícula de estudiantes indocumentados, obligaría a las escuelas a realizar censos de estos alumnos.
Reacción y controversia
La Junta de Educación de Oklahoma aprobó esta medida, pero el Gobernador Kevin Sitt ha manifestado su intención de detenerla, argumentando que las autoridades deben enfocarse en perseguir a quienes cometen delitos, no a los estudiantes indocumentados.
Estas iniciativas reflejan un enfoque más restrictivo de varios estados hacia la educación de menores sin estatus regular. A pesar de ello, la controversia persiste, y la batalla por los derechos educativos de los menores migrantes continúa siendo un tema candente en el ámbito político de Estados Unidos.
