El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que han otorgado amparos y suspensiones para frenar la reforma judicial. Esta decisión fue comunicada por magistrados federales en una conferencia de prensa, en la que también señalaron que los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina votaron a favor de llevar a cabo la denuncia.
La Magistrada Julia María del Carmen García González expresó su preocupación, subrayando que es sorprendente que el propio CJF, encargado de garantizar la independencia judicial, ahora persiga a jueces por sus decisiones. “Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia… ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces”, indicó.
El proceso se originó en noviembre de 2024, cuando el titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán aceptó un juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), con el objetivo de evitar el “cese masivo” de jueces. Este mismo juez otorgó una suspensión definitiva para frenar los efectos de la reforma judicial. Sin embargo, desde la semana pasada, jueces federales denunciaron ser víctimas de “persecución penal” por parte del gobierno debido a sus resoluciones en contra de la reforma.
“Es algo que nos estremece incluso. Que sepan que el CJF ha tomado ya la decisión de denunciar a los jueces”, señaló García González, quien también aseguró que la mayoría oficialista del CJF ha permitido esta acción. “Esto nos revela algo que ya sabíamos, solo nos lo reitera: estos órganos están totalmente cooptados por el oficialismo”, agregó.
Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer por mayoría que las resoluciones del Tribunal Electoral, que criticaban la reforma judicial, son “opiniones” sin sustento. En consecuencia, la Corte validó las suspensiones otorgadas y dio un plazo de 24 horas para revisar las resoluciones, especialmente aquellas en materia electoral y de reformas constitucionales.
