El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para llevar a cabo el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 21 mil viviendas en todo el estado. De estas, 15 mil estarán destinadas a los derechohabientes del Infonavit.
La gobernadora destacó que este programa busca garantizar el acceso a la vivienda digna para todos los guanajuatenses, tanto a derechohabientes como a aquellos que no lo son pero desean acceder a una vivienda social: “Celebramos este gran programa nacional y nos manifestamos como Estado para trabajar en equipo, en donde se busca beneficiar a los derechohabientes del Infonavit y a aquellos que no son derechohabientes, pero que desean acceder a una vivienda social”.
El acuerdo incluye la colaboración entre los niveles municipal, estatal y federal para asegurar los terrenos necesarios para la construcción. En este sentido, el presidente de Salamanca, César Prieto, se comprometió a encontrar una reserva territorial adecuada para la construcción de viviendas dignas para los salmantinos: “Salamanca tiene el firme compromiso de seguir generando bienestar, y el compromiso que asumimos es buscar un terreno viable y apto para que Infonavit pueda construir vivienda digna para ustedes”.
Además, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que 95 mil 123 créditos han sido congelados como parte del programa de Vivienda Digna impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ha permitido aliviar a muchos derechohabientes al reducir sus pagos mensuales. Romero Oropeza recalcó que este esfuerzo beneficiará a miles de trabajadores, destacando que 15 mil de las viviendas a construirse en Guanajuato serán para derechohabientes del Infonavit.
El convenio también incluye la colaboración con la SEDATU, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el gobierno estatal y los municipios para identificar reservas territoriales, autorizar cambios de uso de suelo y agilizar los trámites necesarios para llevar a cabo las construcciones.
