Diputadas de Morena y Movimiento Ciudadano en Yucatán han presentado iniciativas para despenalizar el aborto en la entidad, buscando reformar la Constitución local, el Código Penal y la Ley de Salud. Las propuestas buscan cumplir con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que instó al Congreso de Yucatán en 2024 a derogar las normas que sancionan a quienes interrumpen sus embarazos, aunque en Yucatán todavía se criminaliza esta práctica, a pesar de que la Corte resolvió en 2021 que esas normas son inconstitucionales.
La asesora jurídica Amelia Ojeda destacó que han acompañado a mujeres criminalizadas por abortos espontáneos y otras denuncias relacionadas, recordando casos como el de una adolescente y su madre denunciadas por aborto en el IMSS.
Las iniciativas
La diputada Clara Rosales, de Morena, presentó un paquete elaborado con organizaciones civiles como UNASSE, Abortistas MX, e Igualdad Sustantiva Yucatán. Este incluye una reforma al Artículo 1 de la Constitución local, buscando que se garantice el derecho a una vida digna en lugar de proteger la vida desde la fecundación. Andrea Tamayo, consultora técnica, explicó que “la Corte ya ha determinado que aquellas constituciones locales que protegen la vida desde la fecundación van contra los derechos humanos”.
Además, la propuesta busca modificar los Artículos 392 y 393 del Código Penal para derogar las sanciones por aborto voluntario, y el Artículo 189 para establecer penas para quienes obliguen a interrumpir un embarazo. También se pretende reformar la Ley de Salud para garantizar atención integral a quienes deseen abortar y reconocer la salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental.
Tamayo agregó que en los servicios de salud aún falta apoyo para métodos anticonceptivos y que el Estado debería dejar a las personas con capacidad de gestar la decisión sobre su cuerpo.
Por otro lado, la diputada Larissa Acosta, de Movimiento Ciudadano, presentó su propia iniciativa con el acompañamiento de organizaciones como el CEJUDI, la cual también busca modificar el Código Penal y la Ley de Salud, pero especificando a la población de hombres trans.
Una deuda histórica
Ambas legisladoras señalaron que estas iniciativas buscan saldar una deuda histórica con las mujeres y personas con capacidad de gestar en el estado. Mencionaron el caso de Evelia, una mujer maya que pasó 10 años en prisión por un aborto espontáneo, así como las alarmantes cifras de embarazo adolescente y violencia sexual en la entidad.
Acosta enfatizó que el actual Código Penal deja la puerta abierta para que jueces sin perspectiva de género sigan criminalizando el aborto, lo que afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. “Dejaremos abierta la puerta a seguir castigando la pobreza, la identidad indígena y la falta de oportunidades”, señaló.
A pesar de que hay consenso dentro de la bancada de Morena y apoyo de otros partidos, Acosta advirtió que algunos colegas con poder político intentarán frenar el avance de la propuesta, destacando que, aunque existen diferencias partidistas, las mujeres organizadas siguen impulsando el cambio.
Apertura al diálogo
Las diputadas también han recibido acercamientos de agrupaciones antiderechos, pero han dejado claro que están dispuestas a dialogar con todos los sectores de la sociedad, sin detener el avance de las propuestas.
Rosales concluyó con un contundente mensaje desde la tribuna: “Es momento de que las mujeres, hombres trans y personas no gestantes decidamos y no vayamos a la cárcel por elegir el rumbo de nuestras vidas. Las niñas no son madres por decisión propia, son víctimas de un sistema que les niega su infancia.”
