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México avanza en litigio contra armerías de EE.UU.; Corte de Arizona admite pruebas

México ha comenzado a presentar pruebas en la demanda contra tiendas de armas en Estados Unidos, luego de que la Corte Federal de Tucson, Arizona, autorizara el procedimiento. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha Olabuenaga, consideró este avance como un logro significativo, ya que debilita el argumento de inmunidad que las empresas han utilizado para evitar responsabilidad.

Arrocha explicó que los litigios promovidos por México han permitido avanzar en la estrategia legal contra las armerías y fabricantes de armas que facilitan el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano. Recordó que el Estado presentó dos demandas civiles: una en 2021 en Boston, Massachusetts, contra empresas fabricantes, y otra en 2022 en Tucson, Arizona, dirigida a establecimientos que comercializan armas.

Sobre las declaraciones del expresidente Donald Trump respecto al caso, el funcionario descartó que puedan influir en la decisión de la Suprema Corte de EE.UU., ya que se trata de un proceso jurídico independiente que sigue su curso legal.

Arrocha viajó a Washington D.C. para supervisar la preparación de la audiencia programada para el 4 de marzo. En este contexto, sostuvo reuniones con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, y con el abogado Steve Shadow, quienes representan a México en el litigio.

Durante la audiencia, se analizarán los argumentos de las empresas demandadas y del gobierno mexicano para determinar su admisibilidad. El consultor jurídico subrayó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE.UU. ha señalado que el 74% de las armas ilegales que ingresan a México provienen del país vecino, lo que refuerza la posición de México en la demanda.

El gobierno mexicano busca que la Corte imponga medidas para reforzar el control en la venta de armas y establezca una indemnización por los daños causados por el tráfico de armamento. Se espera que la resolución de la Suprema Corte de EE.UU. se emita a mediados de 2025, alrededor de junio.

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