Juez federal paraliza orden de Trump contra ciudadanía por nacimiento por inconstitucionalidad
Un juez federal emitió una orden de restricción temporal contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Durante la primera audiencia de una de las cinco demandas presentadas por 22 estados y grupos de derechos de inmigrantes, el juez John Coughenour calificó la medida como “descaradamente inconstitucional” y la bloqueó a nivel nacional.
El magistrado, designado por Ronald Reagan, cuestionó repetidamente al abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, sobre cómo justificar la constitucionalidad de la orden. Ante la solicitud de Shumate de presentar argumentos en una sesión informativa completa, el juez reiteró que la audiencia era su oportunidad para hacerlo. Coughenour aseguró que, en más de 40 años de experiencia, no recordaba haber visto un caso con una acción gubernamental tan claramente inconstitucional.
La medida, que estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero, habría afectado a cientos de miles de personas, incluyendo a niños nacidos de madres inmigrantes indocumentadas. Según cifras presentadas en las demandas, más de 255,000 nacimientos en 2022 correspondieron a hijos de madres indocumentadas.
El fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, calificó de “absurdo” el argumento de que los hijos de inmigrantes indocumentados no están sujetos a la jurisdicción estadounidense. Polozola también señaló que implementar la orden ejecutiva generaría gastos millonarios para los estados, obligándolos a adaptar sistemas de salud y beneficios sociales a las nuevas reglas.
La ciudadanía por nacimiento está protegida por la 14.ª Enmienda, que garantiza este derecho a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, un principio que Estados Unidos ha respetado durante más de un siglo.
La medida de Trump habría afectado a miles de ciudadanos, y sus implicaciones fueron calificadas como irreversibles. Este derecho, reconocido también en países como México y Canadá, forma parte del principio internacional de ‘jus soli’, adoptado por 30 naciones. Las demandas buscan detener definitivamente la orden ejecutiva, argumentando que su implementación violaría los principios fundamentales de la Constitución.
