Trump enfrenta demandas de 22 estados por intentar eliminar la ciudadanía por nacimiento
La administración de Donald Trump se encuentra en medio de una batalla legal luego de que fiscales generales de 22 estados presentaran demandas para bloquear su orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta política, anunciada poco después de su regreso al poder, desafía la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La orden, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, establece que los niños nacidos en Estados Unidos no serán reconocidos como ciudadanos si sus padres no son ciudadanos o residentes legales. Durante su primer mandato, Trump había amenazado con implementar una medida similar, pero nunca lo concretó.
Fiscales generales de 18 estados, liderados por Massachusetts e incluyendo a Nueva York, Nueva Jersey y California, interpusieron la primera demanda, señalando que la orden viola derechos constitucionales, afecta a miles de niños y genera costos adicionales para las jurisdicciones locales. Por separado, otros cuatro estados, entre ellos Arizona e Illinois, presentaron recursos legales en Seattle, mientras que organizaciones civiles llevaron casos en New Hampshire y Massachusetts, representando a familias afectadas por la medida.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, calificó la orden como un ataque a la esencia de la nación. “Durante más de 150 años, los bebés nacidos en este país han sido ciudadanos estadounidenses. El presidente no puede borrar de la existencia la 14ª Enmienda con el trazo de una pluma”, afirmó. Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, la calificó de “inconstitucional y peligrosa”.
Expertos legales coinciden en que Trump no tiene autoridad para anular un principio constitucional mediante una orden ejecutiva. Según Saikrishna Prakash, profesor de derecho en la Universidad de Virginia, “esto será decidido por los tribunales; no es algo que el presidente pueda imponer por su cuenta”.
Desde la Casa Blanca, el subsecretario de prensa Harrison Fields desestimó las demandas como un acto político y aseguró que la administración está lista para defender la medida en los tribunales.
El intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento ha desatado un intenso debate sobre los derechos constitucionales y la política migratoria, mientras su implementación enfrenta un futuro incierto debido a los múltiples desafíos legales que podrían estancarla por años.
